Los inversores farmacéuticos José Antonio Iborra y Juan Pablo Iborra (padre e hijo), fueron procesados por una serie de delitos (amenazas, lesiones, amedrentamientos) cometidos "a favor de su negocio". Según el fallo de la jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas, son hechos en los que aparece un "marco fáctico común". Al padre, lo acusó de siete hechos de amenazas coactivas (y otros delitos), relacionadas con personas allegadas a laboratorios, áreas del Ministerio de Salud, farmacias y organizaciones del rubro; mientras que al hijo, le achacó coautoría en cinco de esos delitos. En tanto, dos personas aparecen como autores materiales o "ejecutores" de los episodios violentos, quienes ya fueron procesados por la tentativa de homicidio del abogado Alberto Tortajada, en septiembre de 2012, y por la muerte del policía Carlos Dolce, en febrero de 2013, tras realizar amenazas a un médico. Los dos Iborra están presos: el padre en domiciliaria, por su edad y estado de salud grave; y el hijo en una clínica psiquiátrica, tras someterse a junta médica. Ahora, ambos van a juicio.

Los imputados fueron detenidos en agosto pasado, por una seguidilla de atentados y amenazas. Padre (de 66 años) e hijo (de 38) están acusados de haber "orquestado" los delitos contra al menos siete víctimas específicas, relacionadas con el sector farmacéutico, y el abogado.

A los Iborra se les dictó falta de mérito sobre la acusación como instigadores del homicidio de Dolce, en el marco de las amenazas efectuadas al médico Omar Ulloa (de la cadena Farmavip), cuando los sicarios, Pablo Peralta y Hernán Núñez (procesados este año), fueron enviados por los Iborra a su consultorio de 3 de Febrero al 1000, con la finalidad de que no se abriera una farmacia en San Lorenzo y Maipú.

Los hechos en los que fueron procesados son la tentativa de homicidio al abogado Tortajada, como autores intelectuales. El letrado representaba a una empleada de los Iborra, en una causa laboral, y fue baleado en la puerta de su estudio, frente a Tribunales; hecho por el que Peralta aparece como autor material. También irán a juicio como autores intelectuales de amenazas coactivas calificadas y daño calificado agravado por el uso de arma de fuego, por la balacera a la vivienda de la ex jefa de Inspección de Farmacias, del Ministerio de Salud, el 24 de agosto de 2012. Las amenazas y balacera en la casa del médico Ulloa, realizadas una semana antes de increparlo en su consultorio. Las amenazas y heridas ocasionadas al dueño de la Farmacia Inglesa, en enero de 2013, por la que están acusados los Iborra, junto con Peralta y Núñez (detenidos en Coronda).

En tanto, por las amenazas realizadas mediante correo electrónico a gente del Laboratorio Roemmers, en enero de 2014 (por un presunto "obstáculo" en la adquisición de tres farmacias); y las amenazas telefónicas a personal del Colegio de Farmacéuticos, solo irá a juicio José Antonio, ya que las realizó personalmente.

En la extensa resolución, se determinan tres generalidades: "El núcleo que constituían los imputados (los Iborra), la relación de éstos con Peralta; y los vínculos objetivos que se evidencian entre los diversos hechos".

Según se pudo probar, José Antonio Iborra era dueño de las farmacias de calle San Juan al 1700; la de Sarmiento 870; otra de San Lorenzo al 1000 y en San Luis al 1000; aunque las tenía a nombre de otras personas; muchos, empleados.

Al hablar de los vínculos de los "autores intelectuales" con las personas que aparecen como "ejecutoras" de los hechos ocurridos en espacio de siete meses, la resolución señala que existen probadas comunicaciones "múltiples, regulares y asiduas" entre Juan Pablo y Peralta --el llamado sicario--. También, se apunta a llamadas "permanentes y fluidas" entre padre e hijo, aunque en su declaración Juan Pablo negó tener relación con su progenitor, "desde hace muchos años", frente a "malos tratos" que éste ejercía con su madre.

La pesquisa permitió establecer también la existencia de un modus operandi en los diferentes sucesos, ya que aparecen "evidentes las similitudes y reiteraciones"; como por ejemplo, en el caso de los lugares que fueron baleados. Para la jueza, "ha quedado acreditado el comportamiento violento de los imputados en defensa de sus negocios".

Otro punto a destacar es que "en ninguna de las causas donde aparece Peralta se ha constatado vínculo o interés directo entre él y las respectivas víctimas". Es decir, que aparece más bien en un "rol de sicario o mero ejecutor".

En tanto, Rodenas trabó embargo sobre los bienes de José Antonio, por dos millones de pesos; y la misma suma, en el caso del hijo.