Desde distintos barrios, en nombre de asociaciones vecinales y diversas organizaciones -sobre todo, las que representan a personas discapacitadas-, el hall del Palacio Vasallo se llenó de usuarios disconformes del servicio de colectivos. El Concejo fue ayer la caja de resonancia institucional de reclamos que la gente reitera en expedientes administrativos, asambleas del Presupuesto Participativo, llamados de oyentes a programas de radio, redes sociales y hasta planteos directos a funcionarios en actos oficiales. Hubo reclamos genuinos desde el llano, sobre todo en cuanto a la frecuencia entre un ómnibus y otro, la falta de líneas en algunos barrios, y también de usuarios discapacitados que denunciaron el incumplimiento de una ley nacional que data de 1997 y que impone que todos los colectivos del país deberían contar con accesibilidad adecuada para esos pasajeros. También se coló la campaña electoral y hubo quienes llamaron abiertamente a "castigar con el voto" por la calidad del servicio, y quien acusó a la intendenta de hacer propaganda con los actos de gobierno. Los concejales que esta vez hicieron de anfitriones tomaron nota de las demandas para nutrir el debate por la licitación del sistema que este año hará barajar y dar de nuevo. Y quedaron en promover en la primera sesión la convocatoria a una audiencia pública "que la intendenta no podrá desconocer como lo hizo hoy", lanzaron.

El calor de la tarde no hizo mella en la convocatoria que había empezado el mes pasado, cuando un grupo de concejales acudió a Empalme Graneros para atender el malestar de vecinos con el transporte urbano de pasajeros (TUP). En el medio de la mesa se ubicaron el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz, y el presidente del Concejo, Miguel Zamarini; y a cada lado, los concejales Norma López, Lorena Giménez, Roberto Sukerman, Diego Giuliano, Carlos Cardozo y Osvaldo Miatello. También el vecinalista Osvaldo Ortolani y Juan Marcos Aviano (Cesyac). En primera fila, también los diputados Luis Rubeo y Eduardo Toniolli.

Ortolani, que fue concejal y participa en la histórica vecinal de Empalme Graneros, invitó a que "Mónica Fein venga a mi barrio a esperar un colectivo a las 6 de la mañana, cuando después de 45 minutos venga uno y pase de largo porque va lleno, y luego venga otro pero se descomponga 15 cuadras más adelante, y donde uno tenga que agradecer si sólo le roban el celular y no lo violan". Revisó la historia del TUP y "el proceso de monopolización" de las líneas rentables. "Hoy gastamos 150 millones de pesos para un sector (en alusión a las empresas La Mixta y Semtur) y el otro ¿cómo subsiste? dándole prebendas, que significa entonces un servicio basura", fustigó en alusión al jugador privado del sistema, la empresa Rosario Bus. "Hay colectivos de primera para los recorridos troncales, y carretas para los barrios. No seamos cómplices", azuzó.

El edil de Unión Pro Carlos Cardozo aseguró que "si no hacíamos esa reunión en enero, no habrían anunciado esos 100 colectivos nuevos, ni el vergonzante acto de ayer (por el martes), cuando presentaron diez colectivos sin piso bajo ni aire acondicioando. Mientras tanto, la intedenta empapela la ciudad en campaña".

El edil y vicepresidente del Ente de la Movilidad, Osvaldo Miatello, insistió con su propuesta de que la mejora del sistema se haga con presupuesto social del municipio y no a fuerza de aumentos tarifarios.

Aviano afirmó que "el TUP es una mentira", desestimó la conveniencia de los carriles exclusivos y denunció la ausencia de inspectores. Por lo tanto, el especialista en derecho del consumidor llamó a "castigar con el voto".

Luego, vecinos de barrios como Ludueña Norte, Irigoyen, de la Carne, Echesortu, Urquiza, Las Flores y La Florida, acumularon reclamos. Frecuencias largas e imprevisibles, falta de bocas de expendio y carga de tarjetas, inseguridad y discriminación a discapacitados fueron los tópicos recurrentes. "Violan nuestro derecho al libre tránsito con este sistema. La ley nacional 2497 es de 1997 y manda a que todos los colectivos del país tengan accesibilidad, y no se cumple", denunció Alejandro Palermo, de la ONG Sin Barreras.