El fiscal regional Jorge Baclini recibió ayer a víctimas de violencia de género y activistas que las acompañan, para "trabajar en mecanismos de protección" y avanzar en un "protocolo" de atención. Baclini admitió que la Fiscalía "es un lugar muy pequeño y estamos sobrepasados de la cantidad de gente que viene y por falta de estructura". Por eso trabajan "en la valoración de prioridades de caso", lo que implica que los fiscales "desestimen algunos cuando no advierten proyección". También aseguró que, ante el inminente nombramiento de diez fiscales, habrá al menos dos asignados a casos de violencia de género. "Tengo una necesidad urgente de fiscales", dijo Baclini, quien apostó a también a integrar un equipo interdisciplinario al designar cinco profesionales de la psicología y cinco de trabajo social.

De la reunión participaron representantes del ministerio de Seguridad. La lista de quejas hacia las actuaciones policiales --negativas a tomar denuncias, entre otras-- y de la fiscalía fue profusa. La dificultad para lograr un peritaje médico que constate lesiones fue una de ellas. Ese fue un punto que quedará previsto en el protocolo de actuación.

Baclini consideró que existen "problemas probatorios" en estos casos, dado que los agresores actúan cuando no hay testigos, y por lo mismo, prometió adquirir diez cámaras móviles para instalar en domicilios donde viven víctimas cuyo agresor tiene una restricción de acercamiento.

Entre las asistentes se encontraba J.B., que hizo 35 denuncias por violencia de parte de su ex marido, quien sigue acosándola y Rocío, cuya ex pareja violó reiteradamente la restricción de acercamiento y menos de un mes tiró tres molotov en el patio de su casa.

El funcionario judicial escuchó los distintos relatos sobre la falta de atención policial y judicial a las mujeres que denuncian. "Tengo 54 años, sufrí violencia de género hace 20 años, y veo que la situación de las chicas hoy es igual, pese a las leyes y las medidas que se han tomado, pero las personas que deben hacerlo efectivo no responden", expresó Adriana Abaca, una de las participantes de la reunión. Por su parte, la abogada Analía Aucía, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, propuso un detalle de las dificultades que se viven en "el poder judicial, en la policía y en la articulación entre ambos".

Las activistas pidieron "fiscales con perspectiva de género" y "capacitación" para operadores.

Una de las víctimas que participó, Fernanda Serna, se refirió a las dificultades en la fiscalía, a lo que Baclini respondió que "desde hace meses se está trabajando para dotar de más recursos y realizar un protocolo". La secretaria de Género de la CTA Autónoma de Rosario, Majo Gerez, planteó la indefención que sufren las víctimas cuando ni siquiera les toman la denuncia, como ocurrió el fin de semana pasado y fue develado por Rosario/12 (ver nota aparte).

En la reunión también participó el representante del Ministerio de Seguridad para el nodo Rosario, Gustavo Zignago, quien aseguró que "no hay ninguna orden para que los efectivos policiales no tomen la denuncia" y prometió "evaluar cómo se persegue esa conducta contraria a la ley".