Veintiún vehículos de alta gama, 56 teléfonos móviles, más de 3 millones de pesos, joyas y seis armas de fuego fueron los elementos secuestrados en 15 allanamientos, en los que se detuvo a 17 personas por cometer secuestros virtuales. El operativo de anteanoche en la zona de Oroño y Lamadrid y en Funes, es el resultado de una investigación que comenzó hace un año en el Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Nicolás Foppiani contabilizó 136 hechos, en los que la banda desbaratada llegó a llevarse hasta 50 mil pesos en una sola noche. El delito comenzaba desde la guía telefónica, y se llegaron a hacer 200 llamados en la misma madrugada, hasta que alguna víctima caía en la trampa. Sobre todo, intentaban dar con mujeres mayores, y les decían que tenían secuestrado a un hijo o hija. Para el rescate, ordenaban que les dejaran el dinero en determinado lugar y allí lo recogían. Mañana, los detenidos pertenecientes a la comunidad gitana vinculados con un miembro del grupo de secuestradores virtuales arrestado el año pasado , llegarán a audiencia imputativa acusados por conformar una asociación ilícita. En lo que va del año, el 911 recibió 700 denuncias de víctimas de secuestros virtuales.

La Unidad Fiscal de Investigación y Juicio comenzó la pesquisa contra la banda en abril de 2014. "Se vincularon más de 136 hechos, algunos en grado de tentativa. Es una modalidad que está considerada un delito de extorsión", dijo Foppiani. "Compraban chips de telefonía celular con abonos prepagos, que las empresas de telefonía proveen sin verificar la identidad del solicitante. Esos chips se iban intercambiando de teléfono de baja gama, lo que dificultó el rastreo de llamadas. Empezaban a comunicarse a las 12 de la noche, a partir de la guía telefónica, con personas cuyos nombres les sonaban de la tercera edad. Llamaban sistemáticamente, una y otra vez. Hemos llegado a detectar 200 llamadas en una sola noche, hasta que daban con una víctima que entrara en el juego. Ahí, prolongaban la comunicación hasta que hacían llegar a un cómplice al lugar donde se pactaba la entrega del dinero. Para ello, entablaban una puesta en escena con un falso secuestro. Extorsionaban a la víctima y le decían específicamente cómo y dónde dejar el dinero, en un contenedor o un árbol", detalló. "Casi todos, vivían en cortadas".

A partir de las denuncias recibidas, la fiscalía "tendió redes", y anteayer, con más de 120 hombres de la Policía de Investigaciones y cinco fiscales, se desarrolló un operativo en el que se allanaron 14 domicilios en Rosario y uno en Funes. "Los elementos secuestrados son 21 vehículos de alta gama, electrodomésticos, dinero en efectivo y en dólares, cheques por altas sumas", enumeró Foppiani. Según indicó, la banda operaba desde mucho antes de que comenzara la investigación, incluso, "antes de que se pusiera en marcha el nuevo sistema penal", en febrero de 2014. "Tenemos hechos denunciados desde un primer momento y empezamos a intentar establecer la conexión de un hecho con otro, para saber cuál era la red delictiva detrás de los secuestros virtuales".

Foppiani indicó que el delito "representaba un fuerte ingreso económico y eso está visto con la magnitud y el valor de los elementos secuestrados". Si bien dijo no saber si es la mayor banda que se dedicaba a secuestros virtuales en la ciudad, aseguró: "Sabemos que no es la única, pero sí una de las más importantes".

Los delitos que el fiscal imputará mañana a los acusados (15 hombres y dos mujeres) son "asociación ilícita, extorsión y tenencia de armas de fuego". Por los hechos cometidos, se prevé una pena "mínima de 5 años de prisión y llega al máximo del Código Penal porque son una cantidad impresionante de hechos", señaló el funcionario judicial, que además detallará cada uno de los roles, en la audiencia oral.

Al hablar de la relación de la banda desbaratada ayer con la del año pasado (en la que hay cuatro personas condenadas a cinco años en prisión domiciliaria), Foppiani señaló que "todos pertenecen a la comunidad gitana". Como parte de la investigación, adelantó que se mandaron unos 200 oficios a empresas de telefonía y que hay pruebas contra los acusados a partir de intervenciones telefónicas. Incluso, ahora comienza la parte de la investigación en la que se apuntará a la cuestión económica. Hay varias dudas sobre cómo adquirían los bienes, sobre todo los vehículos, que ni siquiera están patentados. Además, se habla de personas vinculadas como testaferros de muchos de los autos cero kilómetro secuestrados.