La Cámara Penal confirmó parcialmente la situación procesal de los inversores farmacéuticos José Antonio Iborra y, su hijo, Juan Pablo, procesados, en diciembre pasado, por amenazas y ataques cometidos "a favor de su negocio". Con la finalización del trámite, por apelaciones presentadas de ambas partes, la fiscal Nora Marull se prepara para presentar el pedido de elevación a juicio de los imputados y sus "sicarios".

El fallo de la Sala IV le bajó el pulgar al pedido de la fiscalía para que los farmacéuticos fueran acusados como autores intelectuales del crimen del policía Carlos Dolce, ocurrido como consecuencia de las amenazas a un médico, en su consultorio, en febrero de 2013. Sin embargo, hizo lugar al planteo fiscal por la resolución que desvinculaba a Juan Pablo de una amenaza por correo electrónico al titular de un laboratorio. Las prisiones de los Iborra seguirán siendo domiciliarias; mientras que sus dos sicarios, Pablo Peralta y Hernán Núñez, continuarán tras las rejas hasta el juicio.

En diciembre pasado la jueza Alejandra Rodenas acusó a Juan Antonio Iborra de siete hechos de amenazas coactivas, relacionadas con personas allegadas a laboratorios, áreas del Ministerio de Salud, farmacias y organizaciones del rubro; mientras que al hijo, le achacó coautoría en cinco de esos delitos.

Sus "ejecutores" irán a juicio por la tentativa de homicidio del abogado Alberto Tortajada, en septiembre de 2012, y por la muerte del policía Dolce, que era custodio del consultorio donde amenazaron al médico.

Los Iborra fueron detenidos hace un año, acusados de haber "orquestado" los delitos contra al menos siete víctimas relacionadas con el sector farmacéutico, y el abogado.

Ahora, irán a juicio por la tentativa de homicidio al abogado Tortajada, como autores intelectuales.