Miles de personas marcharon ayer desde la sede de la Fiscalía hasta la delegación local de Gobernación para exigir el esclarecimiento de la muerte de Gerardo Escobar. Numerosas organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles sumaron su presencia a la de la familia Escobar y la de otras tantas víctimas cuyas causas siguen sin resolverse. La magnitud de la movilización solo puede compararse con la llevada adelante tras la desaparición de Franco Casco, cuyas similitudes se empeñaron a resaltar los convocantes. Uno de los ejes del documento leído en el acto fue el repudio a la citación a Salvador Vera, abogado de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud, quien fue citado hoy a la fiscalía de delitos dolosos. "Es una intimidación para un profesional que representa a la familia Escobar y que nunca puede ser citado como testigo", reza la declaración firmada por la organizaciones presentes.

"Esta marcha es una postal de las lágrimas", se escuchó por los parlantes ubicados en las escalinatas de la casa de Gobierno al pastor Eduardo Trasante --quien perdió a dos de sus hijos en sendos hechos de violencia--, una de la voces que conmovió con su discurso ante miles de manifestantes. El pastor evangélico estaba rodeado por madres, hermanas y amigos de otras víctimas que aún hoy esperan justicia: Jonathan Herrera, Leonel González, Cristian Aquino, Javier (de Villa Banana), Nicolás Brambilla y Mercedes Delgado.

"Tenemos confirmación de otros lados que a mi primo lo golpearon, pero nadie quiere hablar. Los testigos que se presentaron declararon que hubo un altercado en la esquina (del bar La Tienda)", señaló María Escobar, prima de Gerardo. La joven apuntó que "en el parte oficial está constatado que se le removieron las partes bajas a mi primo, sucede que lo minimizan y muestran que aparentemente no tenía heridas".

María valoró "el apoyo de la gente, que nos hace sentir que no estamos solos en esto, que también le sucedió a otras personas y realmente vamos a conseguir que se haga justicia".

Pero sin dudas quien duplicó ayer la apuesta públicamente fue el secretario general del Sindicato Municipal de Rosario, Antonio Ratner, pidió exigió que "se investigue la hipótesis del homicidio" en relación a la muerte de Escobar.

Paralelamente el Defensor General, Gabriel Ganón, presentó ayer ante la Oficina de Gestión Judicial un planteo de excepción de incompetencia, solicitando se proceda la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal en el caso que investiga la desaparición y posterior muerte de Gerardo.

"Si bien aún no ha sido esclarecido lo sucedido y existen relatos poco claros sobre cómo acontecieron los hechos que concluyeron con la muerte de Escobar, lo cierto es que, según las pruebas de video con las que cuenta el Ministerio Público de la Acusación, algo ocurrió en la esquina de la intersección de calles Tucumán y Sarmiento. Asimismo, existe la participación de al menos tres personas en ese hecho. Uno de ellos, es un funcionario perteneciente a la policía de la Provincia de Santa Fe, quien se encontraba prestando servicios adicionales en La Tienda y quien, según testimonio del abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos del Niño y la Juventud, Salvador Vera, estaría de licencia con carpeta médica psiquiátrica", reza el comunicado que argumenta el pase al fuero federal.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto presentado por el legislador Eduardo Toniolli, solicitando al Ministerio de Seguridad información sobre los mecanismos de control del cumplimiento de las leyes que regulan la actividad del personal de control, admisión y permanencia en locales nocturnos. El pedido de Toniolli se fundamentó "en el hecho de que, según se desprende de la investigación del caso Escobar, uno de los patovicas que trabajaba en La Tienda, era personal policial en actividad, en abierta contradicción con la ley vigente".