A dos meses de la denuncia de la colectiva Socorristas en Red, sobre un caso de incumplimiento del protocolo de interrupción legal del embarazo en el Hospital Provincial, las denunciantes manifestaron su preocupación ante la falta de citaciones en la investigación. La presentación, que fue firmada también por Analía Aucía ﷓abogada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)﷓, fue ingresada a principios de agosto al Ministerio Público de la Acusación, por parte del grupo de activistas que acompaña a mujeres que desean interrumpir su embarazo a partir de una llamada al 0341 156 146625. Después de que Rosario/12 hiciera pública la presentación, por aquellos días, la Fiscalía exigió al efector toda la documentación vinculada a la paciente V.H. ﷓quien tiene un retraso madurativo﷓ para que peritos forenses analizaran los procedimientos de los profesionales denunciados. Sin embargo, todavía los elementos están en evaluación, según indicaron desde Fiscalía. "Nos preocupa saber qué tan fidedignos puedan ser esos registros del hospital. No queremos que se intente tapar o cajonear esto", dijeron las socorristas, quienes esperan que el caso no se repita.

En mayo, V.H., de 22 años, quien padece un retraso mental leve, y su madre se entrevistaron con Socorristas en Red para asesorarse acerca de una práctica de aborto no punible. El embarazo de la joven le provocaba "afectaciones múltiples en su salud", por lo que se consultó con el médico Carlos Costa, Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Provincial, quien le habría indicado Oxaprost (misoprostol), lo que no le dio resultados a la muchacha. Según consta en la denuncia, el médico "habría argumentado haber hecho todo lo posible".

El 12 de mayo, fueron acompañadas por las socorristas al hospital. "¿Así que estás embarazada y no lo querés tener?", le espetó la médica Gisel Pérez, tal como reveló este diario el 16 de agosto pasado. La profesional preguntó si las socorristas podían facilitar la medicación, pero ellas respondieron que "no correspondía", que "era el hospital el que debía efectuar la práctica".

En ese momento, las socorristas sugirieron que se le haga una ecografía para saber la edad gestacional del embarazo y las condiciones de éste, "para resguardar la salud de la paciente". Tras varios reclamos, lograron que se le haga el estudio: el embarazo era de 15 semanas.

Al día siguiente la internaron, pero le dieron una cama en el área de Maternidad. "Es improcedente y perjudicial inducir un proceso de interrupción del embarazo en un servicio de maternidad", expresaron las socorristas. En esas horas de "dilaciones innecesarias", se llegó a hablar de "aprovechar la anestesia para realizarle una ligadura tubaria", cuando la paciente había pedido otro método anticonceptivo.

Fue así que las socorristas se contactaron con la abogada Aucía, en función de su pertenencia a una organización que trabaja por la promoción de los derechos de las mujeres, para solicitarle asesoramiento. Después de varias horas, desde el efector indicaron que se garantizaría la interrupción.

Al otro día, durante la visita, las socorristas advirtieron que se le estaba suministrando Oxitocina endovenosa. "Las normativas vigentes excluyen esa medicación" debido a que "produce mayor dolor y sufrimiento psíquico". Ello desencadenó en "una crisis subjetiva en la paciente, producto del dolor y la desesperación", reza la denuncia. Recién al día siguiente se confirmó que la joven había interrumpido el embarazo, pasada la semana 16.

Si bien los directivos del efector negaron las acusaciones en la primera publicación de la denuncia, las socorristas y Cladem solicitaron que "se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aplicación de tormentos".

Dos meses después, las denunciantes piden avances en la investigación y se preguntan por qué aún no fueron citadas como principales testigos, por la fiscal María de los Angeles Lagar, que tiene a cargo la causa. "Sabemos que se pidieron los registros de lo que se hizo, pero a nosotras no nos llamaron. Nos preocupa qué tan fidedignos son los registros y cómo se asentó la práctica. Tenemos que contar lo que vimos en la Justicia", dijo Luciana Caudana, miembro de Socorristas en Red.

Desde la colectiva, indicaron que los casos de menos de 12 semanas de gestación, pueden resolverse en atención primaria, con centros de salud en los que hay médicos amigables; pero cuando el embarazo es más avanzado, es necesario recurrir a los efectores. "Ahora estamos evitando el Provincial", dijeron.

Por su parte, Aucía señaló que los "obstáculos" a la interrupción legal del embarazo tienen que ver con "una práctica extendida en muchos efectores públicos". Para la abogada, la actitud "se encuadra en la modalidad de violencia hacia las mujeres", que contempla la ley 26.485. Además, dijo que lo que se hizo en el Provincial también "viola los tratados a los que adhirió Argentina". Ello, se encuadra a en los supuestos del artículo 2, cuando "la violencia es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes". Finalmente, aclaró que los profesionales denunciados no figuran en el registro de objetores de conciencia.