A un año de la desaparición y muerte de Franco Casco, familiares, amigos, organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos, se concentraron ayer frente a la sede local de Gobernación para marchar luego a los tribunales federales, en Oroño al 900, en reclamo de justicia. El abogado Santiago Bereciartúa, querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo que están "plenamente seguros" de que el muchacho sufrió maltrato policial en la comisaría 7ª y que habría indicios de que "lo hicieron desaparecer". Su colega Salvador Vera reconoció que "hay al menos cuatro policías involucrados en la muerte de Casco".

La convocatoria comenzó con una rueda de prensa de familiares y abogados. Ramón Casco leyó una nota que impactó de inmediato en su madre, Elsa Godoy: "Lo soñaba todos los días; un día soñé que había estado perdido y regresaba a casa, ese día estuve todo el tiempo pensando que ese sueño había sido real, que no era un sueño, que Franco había vuelto", confesó su padre.

Ramón recordó que en su búsqueda "nadie me había dicho que la comisaría séptima había tenido algo que ver" aunque aclaró que sintió "la necesidad de acercarse a preguntar si mi hijo había estado allí". Dijo que fue dos veces y en la segunda le aseguraron que el muchacho había sido liberado. "Me mandaron a buscarlo por la zona de la Terminal y la estación de trenes ¿Cómo el comisario puede ser tan criminal?", se preguntó el padre de Franco.

Luego, los abogados compartieron los avances del caso: Salvador Vera, abogado de la Asamblea por los Derechos del Niño y la Juventud, reveló que en el expediente "hay por lo menos cuatro agentes involucrados con distintos grados de responsabilidad". "Actualmente la causa no cuenta con detenidos. Entendemos que este es el próximo paso y pretendemos se produzca a la brevedad", señaló el abogado.

Por otro lado, Vera resaltó los avances conseguidos desde que la investigación pasó al Juzgado Federal. "Obtuvimos valioso material probatorio", dijo, para luego recalcar la importancia de la nueva autopsia y criticar con dureza el accionar del Instituto Médico Legal, al recordar que en el inicio de la investigación no aportó los datos suficientes para determinar la causa de la muerte de Franco.

"La autopsia que hizo el doctor Raúl Rodríguez no fue buena. Es más, extrajo una cantidad insuficiente de médula ósea para analizar. Y no parece casual que el mismo médico hiciera la autopsia de Gerardo Escobar que también fue objetada". "Esto marca una gravedad institucional, el Instituto Médico Legal no puede funcionar de este modo", razonaron tanto Vera como Bereciartúa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

"No podemos dar cuenta minuto a minuto del desenlace que ha tenido el fallecimiento de Franco Casco, pero estamos plenamente seguros de que Franco ingresó el día 6 (de octubre de 2014) a la comisaría y no el 7, como dice el parte policial, que Franco sufrió maltratos, abuso policial en la comisaría, y que obviamente también lo hicieron desaparecer", sostuvo Bereciartúa.

Si bien aclaró que no es posible "a esta altura de la investigación quizás dar cuenta del último aspecto de esta cronología de hechos", en referencia a la posibilidad de que efectivos policiales hayan asesinado a Casco y arrojado el cadáver al río Paraná -﷓donde finalmente fue hallado﷓-, sí habría suficiente material probatorio sobre "el ingreso y este maltrato contra Franco". "Entendemos que (el ataque) fue de tal violencia como para que haya fallecido en la misma comisaría 7ª", deslizó.

El abogado remarcó que "lo más importante de la causa tiene que ver con cuestiones médicas, pericias y demás, y también con testimoniales, que debe ser la parte más concordante. En esta clase de hechos suele ser esa la principal fuente, parecido a lo que ocurre con los juicios por crímenes de lesa humanidad".