Desde su puesta en marcha, en noviembre del año pasado, el Programa de Acceso a la Justicia (Atajo) recibió 400 consultas. Con una oficina en el barrio Las Flores Sur, los representantes en Rosario, Pablo Codarín y Martín Gambacorta, resaltaron algunas particularidades de las gestiones realizadas: el 61 por ciento de los trámites estuvieron relacionados con la seguridad social y por eso, gestionaron la presencia de personal de Anses una vez por semana en el barrio, el 13% fueron cuestiones de familias, con temas que incluyen, por ejemplo, la tenencia de los hijos o el trámite judicial por alimentos al ex cónyuge. En tanto, el 6% se debió a situaciones de violencia machista. Una particularidad es que el 84% de las consultas fueron hechas por mujeres, aun cuando se refirieran a temas de varones. Esta iniciativa depende de la Procuraduría General de la Nación.

"La mujer es la que está en la casa, y toma las riendas de todas las situaciones que afectan a la familia", expresó Gambacorta sobre esta preminencia. En tanto, Codarín subrayó las "dificultades de las mujeres para insertarse en el mercado de trabajo, fundamentalmente cuando tienen hijos".

En cuanto al trabajo realizado por los integrantes del programa que se plantea mejorar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables, el 79 por ciento de las intervenciones fueron asesoramiento jurídico, en un 12 por ciento la derivación a otras dependencias del estado (aclaran que se trata de una derivación activa, no de un desentendimiento) y un 4% de acceso a información judicial.

Al analizar el interés de quienes consultan, las estadísticas arrojaron que un 48 por ciento de las consultas se deben a un interés propio, y el 49 al interés de un familiar. El 3% restante está motivado en problemas comunitarios o institucionales. En cuanto a la situación laboral de quienes se acercan a la oficina de Guardia Morada y Estrella Federal, el 57% realiza tareas al interior del hogar, el 22 por ciento se definen como desocupadas y el 16 trabajan. Un 5% de las consultas las hicieron jubilados y pensionados. Si bien la oficina está en Las Flores, no se limitan a atender a personas de ese barrio. Muchas veces, son los propios funcionarios quienes se trasladan hacia los barrios donde se plantea el reclamo.

Desde el mismo programa admiten que en muchas consultas "no podés dar respuesta desde Atajo, pero vale la escucha, el asesoramiento. No sólo lograr dar ingreso, sino también la permanencia en el Poder Judicial y la atención a los resultados", expresó Codarín, convencido de que el sistema es expulsivo de la ciudadanía, especialmente de la más vulnerable, y que una guía de acceso, o un acompañamiento, permiten a las personas ejercer de una manera más cabal sus derechos. Una de las premisas que sostienen Gambacorta y Codarín es: "Nunca tomamos las denuncias si no podemos garantizar el después".

Los conflictos de desalojo son uno de los temas que llevan a la ciudadanía a Atajo. Por eso, un 3% de las intervenciones están relacionadas con la situación habitacional. En algunos casos, son temas de escrituración y en otros, lisa y llanamente, de acceso a la vivienda. Para Codarín, es llamativa la "hipocresía del proceso judicial", que expulsa a los interesados de la posibilidad de intervenir en su propio beneficio. Remitieron a un desalojo de Presidente Roca y Batlle y Ordoñez. "Los únicos que no participaron de la audiencia fueron las familias que viven allí desde hace 25 años", subrayó Gambacorta. Entre las tantas historias que han recibido en estos años, encontraron a una mujer que estaba divorciada pero no lo sabía, porque había firmado la sentencia sin saber qué era. También intervienen en casos claros de falta de acceso a la defensa. El programa nacional es dirigido por Julián Axat y sus principales objetivos son repensar el acceso a la justicia de las personas en situación vulnerable, así como caracterizar las principales barreras que impiden el acceso a derechos. Para eso, reciben denuncias, brindan información judicial, facilitan la resolución alternativa de conflictos dan asesoramiento jurídico gratuito, llevan adelante acciones con otras instituciones del estado, así como también de promoción del acceso a derechos.