Hoy a las 10 presentarán en los Tribunales Federales de Rosario un recurso de amparo para declarar inconstitucionales los Decretos 256/2015 y 257/2015, por medio de los cuales el presidente Mauricio Macri transfirió las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y para suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación. El escrito, está firmado por el concejal Eduardo Toniolli y la diputada nacional Lucila De Ponti, ambos del Movimiento Evita-FPV.

El Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; mientras que el Decreto 257/2015 suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley 27.063, prevista para el 1° de marzo de 2016.

La presentación judicial detalla como los Decretos 256/2015 y 257/2015, "constituyen una clara afrenta a la División de Poderes" ya que la Constitución Nacional "veda al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar DNU que regulen materia penal", y también se explicita que si el objeto del contenido de los Decretos son considerados inmediatos, se debe llamar a sesiones extraordinarias y no "pisotear la Constitución" sostuvieron, De Ponti y Toniolli.

El traspaso de la tarea de interceptaciones telefónicas a la Corte Suprema de Justicia es un reclamo que la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el ex presidente cautelar Federico Pinedo, presentaron como proyecto de ley en el año 2010.