Los representantes de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU), que nuclea a la mayoría de las grandes cadenas, pidieron ayer en el Concejo Municipal que prorroguen por 120 días la implementación de la ordenanza que adhiere a la ley provincial de descanso dominical, que entra en vigencia a partir del 1º de julio. La ofensiva de los apoderados de los supermercados Coto y Jumbo, que no acataron la conciliación obligatoria y se negaron a reincorporar a los empleados despidos, como constató el Ministerio de Trabajo provincial (ver aparte), incluyó una solicitud para que se realice un estudio de impacto económico de la medida. Por su parte, los concejales Carlos Cardozo y Gabriel Chumpitaz (PRO) y el radical Martín Rosúa, quienes se opusieron a la adhesión, adelantaron que presentarán hoy un proyecto para tratar mañana sobre tablas la suspensión de la ordenanza hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina los planteos de inconstitucionalidad sobre la norma. De todos modos, la intención de avanzar con el tema en el recinto requiere de una mayoría especial, un número que a priori será difícil de conseguir.

Los integrantes de la Comisión de Gobierno que preside Jorge Boasso (UCR) recibieron ayer en el hall del Palacio Vasallo a los representantes de ASU, encabezados por su presidente, Juan Vasco Martínez. Afuera, se concentró un grupo de 50 personas que llevaban uniformes de Coto y pancartas contrarias al descanso dominical. Según el concejal Cardozo, los que allí reclamaban eran efectivamente trabajadores de distintas sucursales del supermercado, no como los patoteros que haciéndose pasar por empleados tomaron la sede local del Ministerio de Trabajo la semana pasada cuando se iba a realizar una audiencia de conciliación por los despidos de 119 trabajadores.

Los apoderados de las grandes cadenas de supermercados solicitaron a los concejales formalmente que prorroguen por cuatro meses la implementación de la normativa aprobada por el cuerpo para adherir a la ley provincial de descanso dominical, que comenzará a regir a partir del próximo domingo. Además de la suspensión, Vasco Martínez pidió que se realice un estudio de impacto económico de la ordenanza, proponiendo que lo haga una universidad, ya sea la UNR, la UNL o la UCA.

Ese pedido lo habían realizado en su oportunidad los concejales que se oponían a la adhesión, pero finalmente no prosperó. Lo que sí aprobaron los ediles fue la creación de un Observatorio para analizar el impacto una vez implementada la norma, como se encargó de recordar el concejal Diego Giuliano (Rosario Federal). "También pueden hacer el análisis de un muerto", ironizó el titular de ASU, quien el pasado viernes avisó que no iban a acatar la conciliación obligatoria que dictó la cartera laboral por 15 días hábiles, aunque luego Carrefour se despegó del anuncio y decidió acatarla, mientras que Libertad anunció que podría despedir personal una vez implementada la ordenanza.

Lo concreto es que los ediles que habían votado en contra de la adhesión a la ley provincial adelantaron que presentarán un proyecto para que se suspenda provisoriamente la aplicación de la ordenanza, y que reingresarán el pedido del estudio de impacto económico, social y laboral para que sea tratado mañana sobre tablas. "Vamos a pedir la suspensión hasta tanto la instancia máxima de la Justicia resuelva la cuestión de fondo, porque si el día de mañana hay un fallo desfavorable se van a venir una catarata de juicios contra el municipio, pero el fallo final será el que acatemos", planteó el concejal Cardozo, quien junto a Rosúa aclararon que rechazan la metodología de las grandes cadenas que despidieron trabajadores antes de la entrada en vigencia de la normativa a partir del próximo domingo.

"Hay pasos legales que hay que respetar, y si es necesario en algún momento se cambiará la normativa, pero en estos momentos es esta y hay que acatarla", planteó el concejal Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario), quien junto a la presidenta del cuerpo, Daniela León (UCR), y las concejalas Lorena Giménez (PPS) y Celeste Lepratti (Frente Grande) participaron de la reunión a pesar de no integrar la comisión. "Son apretadores y extorsionadores", lanzó el concejal Eduardo Toniolli (PJ), otro de los ediles que apoyó la adhesión a la iniciativa impulsada por la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario (AEC).