Pasaron dos días de la explosión que estremeció al vecindario de Alem al 2900 y ningún trabajador del laboratorio Apolo declaró aún ante el fiscal a cargo, Walter Jurado. Los vecinos, movilizados por espanto y solidaridad, afirman que en esa fábrica de sueros medicinales había actividad las 24 horas, por lo que el fiscal quiere dar con los empleados que habrán estado de guardia en la madrugada del lunes, para interrogarlos y empezar a dilucidar el motivo que hizo estallar una de las dos calderas del establecimiento, mientras aguarda la realización de los peritajes técnicos que encargó. Además, la Municipalidad divulgó ayer los documentos que certifican que Apolo funcionaba con habilitación municipal, y que las calderas también estaban autorizadas.

Inspectores municipales relevaron daños en un taller y en diez viviendas vecinas del laboratorio, una de las cuales colapsó por completo bajo los escombros, Era la casa de la familia de Juan Carlos Sánchez, que ayer seguía en estado crítico en el sanatorio Británico, con más de la mitad del cuerpo quemado, pero estabilizado. El vecindario ya se organizó para exigir la mudanza del laboratorio a otro lugar.

Defensa Civil y Bomberos empezaron el peritaje sobre la escena de la explosión, a las órdenes del fiscal. Jurado ocupará los próximos días en entrevistar vecinos ávidos por contar el malestar que les causaba el funcionamiento del laboratorio. Afirman que allí se producía a tiempo completo, por lo que Jurado intenta identificar a los trabajadores que estaban cuando todo estalló. De parte de la firma, hasta ahora sólo se presentó un abogado.

Para contribuir al estrépito de semejante suceso en una ciudad que ya vivió la catástrofe de Salta 2141 y la réplica de Balcarce y Brown este año, ayer la concejala Fernanda Gigliani denunció que el laboratorio funcionaba sin habilitación municipal, lo que luego fue refutado desde el propio oficialismo.

La edila de Iniciativa Popular exhibió una Licencia de uso y libre afectación (Lula) que el municipio expide a todo establecimiento industrial y comercial para poder funcionar. Ese documento, fechado en febrero pasado, dice que el inmueble de Alem 2967 se consideraba como de "uso no admitido" para la explotación pretendida por el laboratorio. A Gigliani le salió al cruce la concejala socialista Verónica Irízar, quien explicó que con el cambio del Código Urbano la normativa ya no admite nuevas empresas como el laboratorio Apolo en el segundo anillo perimetral del centro, pero sí acepta las empresas preexistentes, siempre y cuando no pretendan modificar su funcionamiento. Y Apolo intentó ampliar su espacio operativo a 2.376 metros cuadrados. Ese intento fue rechazado, pero su habilitación por los 1.473 m2 originales sigue vigente, explicaron desde el municipio.

De todos modos, para los vecinos ya fue suficiente. Carlos Núñez, uno de ellos, resumió: "Queremos que esta empresa no siga más acá, porque ahora sobrevivimos por milagro, pero sabíamos que algo así iba a pasar".