El Defensor Público de la provincia, Gabriel Ganón reveló que en 2015 Santa Fe tuvo más de 500 casos de violaciones a los derechos humanos. Ganon junto a la subsecretaria del Registro de Torturas, Lorena Negro, presentaron ante la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal (foto) un informe realizado por el Ministerio Público de la Defensa sobre violencia institucional denominado "Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial, Malas Prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos".

De allí se desprende que se registraron un total provincial anual de 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de los cuales el 95 por ciento son varones y el resto mujeres, con un total de 23 casos que afectaron a mujeres. El grupo de edad que presenta mayor porcentaje de víctimas es el que va de los 19 a los 23 años y el de 24 a 28 años. Entre esas dos franjas de edades alcanzan el 52 por ciento del total.

El documento detalla que "la mayor cantidad de violaciones a los DDHH ocurren durante la detención, seguida por la circunstancia de alojamiento transitorio. Las principales agresiones físicas que se dan en las circunstancias durante la detención y alojamiento transitorio son golpe y golpiza".

Según explicó Ganón, "es fundamental que los distintos estamentos del Estado puedan articular políticas para erradicar las prácticas de violación de DDHH por parte de las fuerzas de seguridad".

El defensor público agregó que "se han podido constatar al interior de cada una de la agencias de seguridad del Estado patrones de regularidad y sistematicidad donde se hacen visibles distintos tipos de violencia -hechos de tortura-".

El informe señala puntualmente que la mayoría de los casos fueron golpes o golpizas pero también se denunciaron casos de tortura a través del uso de picanas, duchas de agua fría, quemaduras y asfixias, y que se produjeron en su mayoría en la vía pública durante la aprehensión de personas por parte de la policía o en comisarías.

Sobre el informe, la concejala Norma López opinó: "El gobierno provincial debe dar cuenta del elevado número de casos registrados por el Ministerio Público de la Defensa y brindar a los sectores vulnerables las garantías suficientes para impedir estas prácticas, y al mismo tiempo erradicar la impunidad con que ciertos sectores de las fuerzas de seguridad se mueven en nuestra ciudad. Es necesario que este gobierno pueda plantear políticas públicas que sean llevadas adelante con responsabilidad y que se le brinden las garantías necesarias a los municipios para que puedan ser parte de esta nueva etapa de acción".