CIUDAD › LA DEFENSORíA PRESENTó UN HáBEAS CORPUS POR GRAVES TORTURAS EN EL IRAR
El juez Luis María Caterina dispuso medidas como la constatación periódica de médicos forenses, una evaluación edilicia y más horas de educación para los chicos detenidos. Ganón detalló castigos y condiciones inhumanas de detención.
› Por Lorena Panzerini
Ante la presentación de un hábeas corpus correctivo en favor de los chicos alojados en el Instituto de Rehabilitación Adolescente (IRAR), el juez Luis María Caterina dispuso medidas que tiendan a resolver los problemas. El planteo fue puntualizado por el defensor general Gabriel Ganón, y el secretario de Prevención de la Violencia Institucional de la Defensoría, Enrique Font, quienes hicieron especial hincapié en las cuestiones de torturas y malos tratos; pero también en cuanto a la alimentación, salud, higiene, agua caliente y educación de los jóvenes. El recurso se acumuló a otro realizado por el cuerpo de asesores de menores del Tribunal. En 30 días habrá una nueva audiencia.
Tras una serie de inspecciones realizadas en el lugar de detención de menores, los días 8 y 30 de junio; y el 3 de agosto, se constataron "serias irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares mínimos". Allí, se identificaron situaciones de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes sufridas por los jóvenes. Tampoco -dijeron- existen mecanismos de rehabilitación ni de reparación para las víctimas.
La cuestión que más preocupa tiene que ver con torturas y malos tratos. Desde la Defensoría señalaron que los jóvenes revelaron haber sido víctimas en ocasión del ingreso al pabellón y los días posteriores, con situaciones de maltrato verbal y físico por parte del personal de custodia. Asimismo, indicaron que "son coincidentes las alegaciones de que en oportunidad de efectuarse las requisas suelen sufrir malos tratos, tortura, robos de objetos y de daños intencionales contra sus cosas. También les mojan la ropa y sus colchones con agua en mal estado". Otras agresiones consisten en "golpes con las manos abiertas, de puño, rodillazos y puntapiés; y en ocasiones, golpes con objetos contundentes". También resulta "muy mencionado el ser 'doblados'; es decir, reducidos violentamente por parte de varios guardias a la vez, incluyendo torsiones de las extremidades, asfixia, pisadas en la espalda, y opresión de rodillas en sus nucas. Una vez en el piso, suelen recibir patadas en el abdomen o la cabeza. Muchos dijeron que personal de guardia los amenaza durante o luego de situaciones de torturas y malos tratos diciéndoles que cuando los trasladen a una unidad penitenciaria para adultos van a experimentar "qué es que los traten mal de verdad".
También se detectaron torturas y malos tratos durante las detenciones policiales y en las instituciones de Justicia Penal Juvenil. "Salvo excepciones, en la casi totalidad de los casos las torturas y los malos tratos ocurrieron durante el arresto; pero también en los allanamientos (con o sin orden judicial); en los traslados o en divisiones especiales de la policía y en las primeras horas de privación de libertad en dependencias policiales". Con los relatos, se advierte que "es una práctica extendida y sistemática". Además, "fueron coincidentes alegaciones de que en dependencias policiales se los esposaba con las manos detrás de la espalda, o se los 'colgaba' de las rejas".
En cuanto a los restantes problemas detectados, Ganón y Font expresaron que "constituyen un trato cruel, inhumano y degradante". En ese sentido, especificaron que los sectores más afectados son los pabellones de Ingreso, 5 y 6.
Ante ello, el juez Caterina dispuso: controles periódicos por parte del médico forense y la Fiscalía, para constatar condiciones de habitabilidad en función de la salud de los internos, su régimen de comida, limpieza y suministro de agua; la realización de una pericia de la Dirección de Arquitectura de provincia y nación; que se establezca un régimen de más horas de educación; y se solucione el protocolo para prevenir turturas y malos tratos. Todo será revisado en un mes.
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