En las puertas del juicio oral y público, la Fiscalía pidió penas de prisión perpetua para siete policías detenidos por el homicidio de Iván Mafud, cometido tras una persecución que terminó en Roldán, en septiembre de 2014. Por el hecho denunciado como un caso de "gatillo fácil", la parte acusadora también solicitó 10 años para los ex jefe y subjefe del Comando Radioeléctrico; y 8 años para los otros seis policías que participaron. Para el fiscal Miguel Moreno, personal de Seguridad Vial intentó detener a la víctima por "motivos económicos", aquella madrugada. Al llegar a Roldán, el auto de Mafud se encajó en una zanja y los uniformados dispararon sus armas reglamentarias. Luego, los móviles que participaron "fraguaron" un acta y plantaron armas a la víctima. Ayer, la audiencia preliminar se suspendió por falta de una notificación a los abogados querellantes y se vivieron momentos de tensión en los pasillos de Tribunales, con los gritos de los familiares de los presos hacia el fiscal.

Gabriel Sguazzini, Oscar Jauregui, Gerardo Amarilla, Alfredo Correa, Matías Maidana, Alejandro Gómez y Walter Machuca fueron imputados en febrero por el delito de "homicidio calificado por ser integrantes de la fuerza". La fiscalía los señala como quienes dispararon "no menos de 19 veces" contra el vehículo de Mafud, incluso cuando el auto de la víctima quedó encajado.

En tanto, Fabián Díaz, entonces jefe del Comando Radioeléctrico, y Norberto Dilda, subjefe, fueron acusados de "ayudar a los autores a eludir la autoridad; y haber omitido dar cuenta inmediata al fiscal y al gabinete criminalístico" sobre lo sucedido. La calificación que les achacan es "hurto calamitoso agravado (de 3000 pesos y una silla de bebé del auto), falsedad ideológica, incumplimiento, abuso de autoridad y encubrimiento agravado", por lo que Moreno pide prisión por diez años.

En tanto, a Víctor Vélez, Diego Franco, Fabián Malisani, Eva Monzón, Ayelén Bustamante y Jhonatan Sánchez los acusaron de falsedad, incumplimientos, encubrimiento y abuso de autoridad.

Las detenciones de los quince imputados llegaron tras un año y medio de investigación por el crimen. Cuando los acusó, Moreno detalló que personal de Seguridad Vial inició la persecución en Uriburu y Avellaneda, supuestamente porque la patente trasera del auto de Mafud, un Fiat Marea, no estaba visible. Como el conductor no detuvo la marcha comenzaron a seguirlo en la patrulla donde viajaban Jáuregui y Monzón. Sin embargo, "recién 2.3 kilómetros más adelante" decidieron "blanquear" la persecución al 911, con la clave 5, que indica la existencia de disparos desde el auto que huye. En su momento, Moreno consideró que las detonaciones que se informaron por radio, durante el trayecto de 45 minutos, eran las de las propias balas policiales. Por ello, sentenció que en el contexto de un domingo por la madrugada, "el objetivo de la patrulla era netamente económico; pero como Mafud no paró decidieron hacerle aprender" e "inventaron" un enfrentamiento para "justificar el haberlo acribillado".

Y agregó: "El móvil de Seguridad Vial inició la persecución, a la que luego se fueron sumando otros móviles, con los demás implicados en la causa. Al llegar a la A012, el Marea quedó atascado en una zanja y los policías dispararon. Dentro del Marea y afuera, tirado en el suelo, se encontraron un revólver y una pistola calibre 22". La hipótesis fiscal da cuenta de que fue plantada por los policías y hasta se manifestó que uno de los imputados (Walter Machuca) "está relacionado con la venta ilegal de armas", según surge de escuchas telefónicas.

Los policías dijeron que la víctima disparaba y que no iba solo, sino que un cómplice huyó cuando el auto volcó. Sin embargo, no hay pruebas que den cuenta de ello.