A pesar de los esfuerzos de familiares, amigos y representantes de la asociación que trabaja por evitar los remates, a Marta Gladis González le remataron ayer su departamento, al no poder afrontar una deuda por expensas de 5 mil pesos, suma que se incrementó con el paso del tiempo, hasta llegar a los 47 mil pesos. Una cifra que la mujer, al padecer una grave enfermedad, no estuvo en condiciones de pagar. Desde la Asociación en Defensa de la Vivienda Unica, denunciaron serias irregularidades en el proceso del remate, que dejó a la mujer en la calle. En ese sentido, abogados de la asociación adelantaron que pedirán la nulidad de la venta, que se llevó a cabo por sobre cerrado y de la que hubo tres oferentes, pero sólo se presentaron dos. La mujer se descompuso y debió ser asistida en el primer piso de los Tribunales Provinciales.

Ayer por la mañana, en el primer piso de los Tribunales Provinciales, se reunió mucha gente que intentó por todos los medios detener el remate de la vivienda de González, una mujer a la que le detectaron hace un tiempo un tumor maligno, cuyo costoso tratamiento le impidió cancelar una deuda por expensas del departamento donde vive, en Italia al 2900. Pero los esfuerzos resultaron insuficientes y finalmente González fue desalojada, a pesar que desde la organización habían solicitado una prórroga.

"Hace dos meses le remataron a un persona ciega de 80 años, hoy (por ayer) hacen lo mismo con una enferma de cáncer. Dónde está la suspensión de los remates de vivienda única; dónde están los que hablan de remates; los concejales, diputados, que no vimos acá. Para hablar somos buenos, pero para ir al frente, no", comentó indignada Ana Marra, integrante de la organización que trata de impedir los remates de vivienda única.

Marra explicó que a la mujer le remataron la vivienda "por una deuda de expensas, que no pudo seguir pagando. Tuvo una fecha de remate en una oportunidad, y se presentó en quiebra; y el juez Oroño, hace un año, fue humano y le suspendió el remate por el estado de salud de la señora. Pero esta vez no nos encontramos con la misma humanidad y le remataron la vivienda única". González se descompuso y debió ser asistida por médicos al no poder soportar la terrible situación de quedarse sin su vivienda.

La deuda original de la señora era de 3100 pesos en concepto de impuestos y de 1900 de expensas. Por tal motivo, González pidió un crédito para pagar, pero le descubrieron su enfermedad y ya no pudo cancelarlo. Los intereses llevaron el monto de lo adeudado a 47 mil pesos, superando inclusive el valor de la vivienda.

Desde la asociación denunciaron algunas irregularidades en el remate, por lo que pedirán un juicio de nulidad de subasta. Marra precisó ante los cronistas, que en esta oportunidad sí pudieron ingresar con sus grabadores, que "ustedes vieron que el piso del tribunal estaba todo cortado. Hubo gente que supuestamente hizo ofertas pero no los dejaron entrar y por lo tanto consideramos que el remate no es válido, ya que no entraron todos los oferentes que presentaron sobres. Es más, tenemos el ato de una persona que había presentado sobre y no se la dejó ingresar".

Una de las personas que presentó uno de los sobres en el juzgado Civil y Comercial de la 5ª Nominación, a cargo del juez Iván Kvasina, que ayer, justamente, asumió su cargo, salió rápidamente por los pasillos del tribunal y se alejó del lugar en un taxi; mientras desde la Asociación en Defensa de la Vivienda Unica continuaban explicando los pasos a seguir. "Vamos a presentar con los abogados un juicio de nulidad, porque para que se haga la subasta tienen que haber estado todas la personas que presentaron sobres, y eso no ocurrió", manifestó Marra.

Mientras se busca una solución de fondo, el Congreso prorrogó en marzo pasado, por noventa días la suspensión de los desalojos y las ejecuciones de las viviendas de los deudores hipotecarios. La norma frena las ejecuciones de vivienda única y familiar, de menos de 100 mil pesos, adquiridas con créditos durante la Convertibilidad. La falta de acuerdo entre los bloques impidió discutir una ley de fondo que reforme el fondo fiduciario creado para asistir a los deudores.