El bar El Cairo presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley provincial antitabaco y la ordenanza municipal que fijó sanciones económicas para quienes fumen en espacios públicos cerrados, sean estatales o privados. El abogado patrocinante, Nicolás Mayoraz, explicó que los propietarios del local ubicado en Sarmiento y Santa Fe decidieron ir a la Justicia ya que desde la aplicación de la norma "bajaron las ventas casi un 30 por ciento". Para el letrado "la prohibición absoluta que está vigente es irracional", tras lo cual cuestionó el "avance del Estado" sobre las libertades individuales. "Dentro de poco nos van a prohibir que comamos comida chatarra", razonó. Uno de los propietarios del mítico café, Mario D'Agostino dijo que la intención de la firma "es permitir que los fumadores tengan un lugar donde ir, al que también van a poder acudir los no fumadores aunque sabiendo que hay humo en el aire". El ex ministro de Salud santafesino, Juan Héctor Sylvestre Begnis vinculó la presentación judicial de El Cairo "con los intereses de las tabacaleras".

La ley antipucho (Nº 12.432) entró en vigencia en enero de este año. A fines de agosto comenzaron a regir en Rosario sanciones para quienes fuman en lugares públicos -estatales o privados-. De acuerdo a la ordenanza sancionada por el Concejo las multas también alcanzan a los responsables de los locales involucrados que no hayan retirado los ceniceros de sus comercios o que no hayan colocado la cartelería oficial. Las autoridades sanitarias de ambas jurisdicciones han difundido estadísticas favorables vinculadas al acatamiento de la legislación.

Recién ayer los abogados Mayoral e Ivan Cullen interpusieron ante el Juzgado Civil y Comercial de la 9ª Nominación un recurso donde reclaman se declare inconstitucional los artículos de la ley provincial y la ordenanza municipal que prohíben fumar en todos los lugares públicos cerrados. "La presentación se hizo ahora después de analizar en la práctica los efectos de estas normas", explicó Mayoraz a Radio Dos para después asegurar que su cliente comprobó en ese lapso "perdidas económicas cercanas al 30 por ciento. Lo que ocurre es que otros bares de la ciudad pueden ahora en verano sacar mesas a la calle, no es el caso de El Cairo".

El abogado no dudó en calificar a la prohibición vigente "como algo irracional porque es absoluta". Para Mayoraz "es razonable que haya lugares donde no se pueda fumar pero también otros donde se permita hacerlo" para no violar el derecho de los fumadores.

Para el jurista es contradictorio tratar al fumador como un "adicto" y al mismo tiempo discriminarlo, al no permitirle fumar en espacios públicos. "Nos lleva al mismo tratamiento que se hacía con los leprosos, que eran aislados en los leprosarios", comparó.

De inmediato D'Agostino explicó que, de avalar la Justicia el planteo presentado, "el bar estará habilitado para que se pueda fumar pero no sería un club sólo para fumadores (como ocurrió en la cordobesa ciudad de Río Cuarto) sino para todo el público. La diferencia que va a encontrar el cliente es que habrá un cartel donde se advierte que hay humo en el aire". En declaraciones radiales el empresario se preguntó si la legislación vigente "se cumple también en los bares de Malabrigo o Gato Colorado (en el norte provincial), o sólo en las grandes ciudades como Rosario", tras lo cual recordó que junto a sus socios hizo "una fuerte inversión para embellecer una esquina tradicional de Rosario, que está vidriada, a la vista de todos, de la Afip y de las autoridades".

Consultado sobre la presentación del bar El Cairo, el ex ministro de Salud provincial y principal mentor de la normativa vigente, Sylvestre Begnis dijo no sentirse "sorprendido de estos empresarios que están vinculados con los intereses de grandes empresas tabacaleras. Los argumentos jurídicos son los mismos que los que utilizan esas firmas".

Para el actual diputado nacional del Frente para la Victoria "la sociedad santafesina, y de otras provincias como Tucumán, Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires han avalado esta ley, la han incorporado sin mayores complicaciones. Lamentablemente aparecen estos planteos, ligados a la industria tabacalera que de todas formas no van a poder frenar la vigencia de una norma socialmente aceptada. Lo que se privilegia aquí es la salud pública porque más allá del daño que se genera el fumador también existen efectos nocivos contra la salud del fumador pasivo".