Apenas se conoce a María Cristina González Silva se percibe su fuerza y sentido del humor para sobrellevar situaciones límite. Pero en cuanto arranca a contar su historia, comienzan a caerle lágrimas silenciosas. Entre la prótesis estética que ocupa el lugar de su mano derecha y el gancho de la izquierda se las ingenia para sacar un pañuelo de la cartera, y sigue el relato. Su marido Carlos Benítez la acompaña, está allí para completar los detalles de la historia que ella olvida. Lo que no puede dejar de recordar es que hasta junio de 1998 era una mujer activa. "Tenía seis títulos", dice con orgullo, y enumera que era repostera, costurera, modista, tejedora y bordadora a mano, además de ama de casa. Se deleita con las exquisiteces que preparaba. En los últimos días de ese mes, cuanto tenía 46 años, una hernia de disco cervical la llevó al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde le programaron una intervención quirúrgica. Los dolores eran insoportables, y los médicos le prescribieron calmantes. El 30 de junio de 1998, en el mismo momento que Argentina disputaba contra Inglaterra un partido del Mundial, los dolores eran insoportables. La enfermera no podía inyectarle más calmantes, pero ella clamó por un médico. En el entretiempo, un profesional le indicó una droga inyectable. Según los peritos propuestos por la demanda en la causa iniciada dos años después, el cuadro posterior -que pudo ser fatal- se debió a la combinación incorrecta de medicamentos. La Municipalidad niega de plano que haya habido una incorrecta prescripción médica, o mala praxis. Afirma que la paciente padece de un síndrome poco habitual.

María Cristina cuenta que a los 20 minutos de esa inyección, ella sufrió una hipotermia y debieron llevarla a terapia intensiva. "No me dejes, tengo mucho frío", le rogó a su esposo cuando la llevaban. Estuvo 20 días en terapia intensiva, primero con el cuerpo muy hinchado, y luego con las extremidades de color negro. El 30 de julio le amputaron las manos, y el 13 de agosto, los pies. "A mí me arruinaron la vida", afirma hoy María Cristina, con conciencia de lo irreparable y como un pedido de auxilio.

El caso de María Cristina se encuentra hoy en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que debe determinar si es competencia del Tribunal Extracontractual o del juzgado civil a cargo de Marcelo Costa. El director de Asunto Jurídicos, Aldo Gómez, afirmó que ese incidente ya tuvo un fallo favorable para la Municipalidad en primera instancia, y ahora debe definirlo el tribunal de alzada. "Se trata de un hospital público y no existe una especie de contrato equivalente al de una obra social o sanatorio privado", arguyó el profesional.

Sobre la cuestión de fondo, Gómez negó la mala praxis. "Fue un caso muy excepcional, donde nuestros médicos plantearon como diagnóstico un síndrome muy excepcional, que no tuvo nada que ver con la prescripción de medicamentos. La sintomatología se debió a la enfermedad de la paciente. En el hospital le hicieron todos los estudios, le proveyeron la medicación, de pronto apareció un proceso infeccioso en las extremidades que fue muy extraño, imprevisible. Los médicos le salvaron la vida, le hicieron las cirugías necesarias", rememoró el funcionario. La causa todavía no avanzó al punto de que existan pericias oficiales, de modo que cada parte sostiene su posición. En reuniones extrajudiciales, los médicos legistas no pudieron ponerse de acuerdo.

Según estima María Cristina, la Municipalidad sigue apostando a ganar tiempo, como lo hizo durante los dos años posteriores a las intervenciones, cuando le prometieron una chapa de remís a cambio de que no inicie una acción legal. "Con el dinero del retiro voluntario de mi marido del Correo, cambiamos el auto porque Silvia Trócoli (entonces directora de Inclusión de la Municipalidad) nos prometió una chapa. Mi marido estaba sin trabajo y nunca pudo recuperarse, porque tiene que ocuparse de mí todo el tiempo", relata María Cristina. Asegura que el propio ex intendente Hermes Binner le prometió esa solución económica, que nunca llegó.

La vida cotidiana de María Cristina se resume en la palabra dependencia. No puede levantarse de la cama sin que una persona le ponga las cuatro prótesis que le permiten caminar y tomar algunos objetos, pero no ﷓por ejemplo﷓ calentarse agua para un té o cebar mates.

En el 2004 la Municipalidad accedió ﷓por la vía de una acción cautelar﷓ a proveerle de nuevas prótesis para manos y pies, una silla de ruedas, un dinero mensual destinado a abonar el sueldo de una persona que la asista y la remodelación de la casa, que aún no se realizó. Aunque sea, María Cristina pide que le provean de un horno microondas y un lavarropas automático. "Nosotros ya le hemos dado prótesis, le estamos pagando una cuota mensual, es bastante costoso, se han abonado casi 70.000 pesos", puntualizó Gómez. En cambio, María Cristina y su esposo sienten que "en la Municipalidad se burlan" de ellos.

Antes de su ingreso en el Heca, María Cristina ganaba su dinero, y su marido había decidido acogerse al retiro voluntario del Correo Argentino, después de la privatización. En mayo de 1998 perdió el beneficio de la obra social que gozó durante seis meses después de su retiro. "No pude trabajar más, estuvimos tres meses en el Heca. Dormía en una silla y apoyaba la cabeza en la almohada", relató Carlos.

Mientras ensamblan los detalles de la historia entre los dos, María Cristina vierte unas pocas lágrimas. Suficientes para dar cuenta de la angustia que la acompaña desde entonces. "Los médicos no se animaron a decirme que me iban a contar las manos y los pies. Me enteré por un amigo de mi marido, que nos ayudó a conseguir las prótesis de los pies. Un día vino al hospital a decirnos que ya estaban, y ahí supe", relata. Sus manos fueron amputadas por encima de la muñeca, y los pies, por debajo de los talones. Las prótesis de los pies las tuvo en seguida, pero las manos le llegaron casi seis meses después de la operación, el 22 de diciembre, antes de la Navidad.

A fines del año pasado le mandó una carta al intendente Miguel Lifschitz. Derivada ante el director de Investigaciones Administrativas Ricardo Brunet. Conmovido, el funcionario le dijo que su caso sería atendido "por ser una ciudadana", más allá de la existencia de una mala praxis. Brunet asegura que se encargó de agilizar los trámites para que la asistan, pero a María Cristina no le alcanza.

La realidad del país suma dificultades. El Ejecutivo municipal provee 400 pesos mensuales para el pago de una asistente personal para María Cristina. Pero en 2004 ese dinero permitía pagar por ocho horas y hoy no es suficiente. Hace poco tiempo, ella se quedó sola en la casa, pero tenía frío. Con la prótesis de su mano derecha ﷓el gancho﷓ prendió un fósforo para calentarse un té, pero no logró apagarlo con su soplido. Se le prendió fuego la bufanda. Sus reflejos le permitieron tomar un repasador y apagarlo, pero aún muestra la marca de la quemadura en su cuello.