La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de ocho abogados que se dedicaban a realizar estafas procesales en juicios de quiebras y concursos preventivos de empresas, muchas de ellas "fantasma". El ardid consistía en inflar el pasivo de firmas en quiebra a fin de perjudicar a los verdaderos acreedores. En su contundente resolución, los camaristas Ramón Ríos, Juvencio Mestres y Otto Crippa García destacaron que los imputados "son personas con instrucción universitaria quienes mediante demandas ficticias, maquinaciones judiciales u otras maniobras fraudulentas (generaron) graves perjuicios a terceros, vulnerando la igualdad entre los acreedores". Para los camaristas integrantes de la Sala II, "no parece equitativo exigir a los pobres, excluidos y débiles que se abstengan de transgredir la ley aún para paliar sus necesidades más elementales, si quienes tenemos cierta relevancia social aprovechamos semejante privilegio para burlarnos dañosamente de toda la comunidad".

El expediente lo inició la jueza de Instrucción de la 6º Nominación, Raquel Cosgaya. La magistrada, cuya labor fue elogiada por los camaristas, procesó en octubre pasado a Jorge Fernández Méndez por los delitos de Asociación ilícita agravada por su calidad de Jefe y Organizador, Estafa Procesal y partícipe primario del delito de Quiebra Fraudulenta. Por delitos similares la jueza hizo lo propio con Paulo Di Sciasio, Carlos López, Luciana Massagli, Analía Lambri, Diego Orce, Mariela Bruno, Javier Tissot y a Claudio Russo. Este último procesamiento fue revocado.

Según consta en la investigación, Jorge Fernández Méndez, secundado por Carlos López y Paulo Di Sciascio, dirigía el estudio de abogados "Amparo", que prometía la recuperación y continuidad de las Pymes por ellos asesoradas. Rolando, Marcelo y Francisco Mie, integrantes de "Granero Argentino SRL", al enfrentar algunas dificultades en el año 2000, entraron en contacto con ese estudio de abogados, presentándose en febrero de 2003 en concurso preventivo y pidiendo luego su propia quiebra.

De acuerdo a la resolución de los camaristas de la Sala II, "la estrategia desplegada por la organización jurídica se caracteriza como decididamente delictiva". Entre los distintos acreedores en el juicio universal aparece la firma B&M SA verificando un crédito quirografario por algo más de un cuarto de millón de pesos. Ese crédito era "inexistente, prefabricado para consumar un fraude procesal y detraer bienes del patrimonio común de los verdaderos acreedores de la quiebra, ya que el abogado de B&M nunca tramitó esa verificación, falsificaron su firma en el escrito judicial del supuesto acreedor y la documentación acompañada no corresponde a operaciones reales de esa empresa".

En su fallo, los jueces Ríos, Mestres y García, reconocieron que "los delitos económicos, de cuello blanco, y de la inteligencia, caracterizados como criminalidad de los poderosos al cometerse por personas con posiciones especiales y en una situación de poder fundada en esas posiciones entre los que quedan comprendidos los delitos concursales y los fraudes a los acreedores, suelen ser de entramado complejo y difícil esclarecimiento" de allí "la necesidad de especialización de los órganos judiciales y de la acusación pública en esos delitos económicos".

Para los integrantes del tribunal de alzada, la investigación demostró

"inequívocamente una maraña de maniobras fraudulentas dirigidas a burlar a la masa de acreedores, provocar el error de los jueces en causas civiles, procurar la desaparición subrepticia del cereal almacenado y perjudicar a terceros, configurando personas jurídicas inexistentes o exhumando sociedades extinguidas, dibujando créditos ficticios, formalizando falsos poderes y haciendo gala de una desaprensiva praxis profesional".

En ese sentido, "pese al liderazgo indiscutible ejercido por Fernández Méndez, los restantes profesionales no pueden excusar su responsable participación: ellos son también abogados y deben ser concientes de los actos jurídicos que protagonizan y de las firmas que otorgan".

"No parece equitativo -concluyeron- exigir a los pobres, excluidos y débiles que se abstengan de transgredir la ley, si quienes tenemos cierta relevancia social aprovechamos semejante privilegio para burlarnos dañosamente de toda la comunidad".