El Concejo Municipal aprobó ayer dos pedidos de informes presentados por el concejal Alberto Cortés (PSA) en relación a la empresa Las Delicias y la supuesta venta del combustible subsidiado. El primero exige al Ejecutivo entregue la documentación sobre el control realizado a las empresas de transporte de pasajeros que reciben gasoil subsidiado en Rosario. El segundo informe deberá responder si la empresa Las Delicias está habilitada para permitir cargas en su playón a vehículos que no pertenecen al sistema de transporte".

En el primero de los pedidos de informes se dispone que en un plazo de 10 días, a partir de su aprobación, el Departamento Ejecutivo deberá remitir al cuerpo legislativo municipal "los detalles de los mecanismos de monitoreo respecto del consumo del gasoil subsidiado que reciben las empresas del Transporte Público de Pasajeros de Rosario".

En la misma presentación se deberá cuantificar el total de ese consumo empresa por empresa, en litros, y estimar el monto del subsidio en pesos. Un último dato que deberá aportar el Ejecutivo es que si se hubiese detectado "alguna irregularidad en alguna de las empresas, se informe las características de las mismas y las medidas adoptadas".

Por otra parte, se aprobó lo planteado en un segundo informe del edil socialista auténtico, quién hiciera pública la semana pasada su denuncia contra la empresa de transporte. De esta forma, el municipio deberá hacer saber a conjunto de concejales si "la planta de la empresa Las Delicias, ubicada en Pueyrredón al 5800, donde los coches cargan gasoil subsidiado por el Estado nacional, está habilitada por la Municipalidad para cargas de combustible en otros vehículos, especialmente camiones de transporte de cargas, cuyos dominios son de otras razones sociales".

La investigación comenzó en los tribunales federales a raíz de una denuncia presentada por el concejal del Partido Socialista Auténtico, quien planteaba que la empresa utilizaba gasoil comprado a precio subsidiado por el Estado nacional para abastecer a vehículos que "nada tenían que ver" con el servicio de transporte urbano de pasajeros. Incluso, la denuncia llegó al juzgado federal acompañada de testimonios fílmicos y fotográficos.

El fiscal Ricardo Vázquez es quien inició las primeras tramitaciones enviando a un equipo de Gendarmería a filmar la playa de estacionamiento de la empresa, donde Cortés había podido obtener grabaciones de camiones cargando combustible. Con las primeras evidencias el fiscal federal le solicitó al juez federal Carlos Vera Barros el allanamiento de la firma, pero el magistrado se la rechazó y le pidió a la empresa que entregara la documentación necesaria para probar el consumo y la compra del gasoil que utiliza. Esta semana sin embargo el juzgado tuvo poca actividad debido al paro de trabajadores judiciales nacionales.