Los abogados de la Asociación Empresaria de Rosario, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, el Centro Unión de Almaceneros y Comerciantes detallistas de Rosario y la Sociedad de Carniceros de Rosario reclamaron ayer a la Municipalidad que revoque la habilitación "precaria y provisoria" otorgada días atrás al mayorista Yaguar. "Estamos pidiendo que se cumpla con el orden jurídico vigente y que se apliquen las normas que regulan el funcionamiento de las grandes superficies comerciales", explicó el abogado de las entidades, Iván Cullen, tras reunirse con el secretario de Gobierno Juan Carlos Zabalza y los asesores jurídicos del municipio.

La habilitación condicional otorgada el lunes por el municipio al mayorista que construyó hace casi tres años su megalocal de 10 mil metros cuadros en el extremo oeste de la ciudad (bulevar Seguí y avenida Circunvalación); generó la reacción inmediata del empresariado local.

Ayer, Cullen y los principales referentes de las cámaras mencionadas ampliaron la presentación administrativa que habían ingresado el miércoles para evitar que la firma de capitales porteños pueda abrir sus puertas. Las autoridades municipales se comprometieron a revisar el expediente y eventualmente revocar la habilitación otorgada.

En diálogo con Rosario/12, Cullen precisó los argumentos jurídicos que sustentan el planteo del empresariado rosarino. "El municipio otorgó la habilitación provisoria basándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que no se expidió sobre la cuestión de fondo y sólo aceptó con carácter excepcional los planteos de una jueza de primera instancia que ordenó no aplicar la ley provincial que regula la radicación de grandes superficies comerciales y continuar los trámites".

En aquella resolución la magistrada interviniente ordenó aplicar la normativa municipal. "Pero no explicitó qué ordenanza, si la actual, la 7990 que sancionó el Concejo en consonancia con lo plantedo por la ley provincial 12.069 o la que se derogó años atrás. No es una diferencia menor porque la normativa vigente contiene límites muy claros para nuevos emprendimientos comerciales a escala".

"Para nosotros -continuó Cullen- no hay duda que debe aplicarse la actual ordenanza por una sencilla razón: el pedido inicial de habilitación fue ilegítimo, no se puede hacer el trámite sin el certificado de final de obra, que fue presentado recién un año después con la vigencia de la nueva legislación. Yaguar mismo entendió que ese pedido estaba terminado, al recurrir a la Justicia ante la denegatoria tácita del municipio".

Según Cullen lo que pretenden los empresarios locales "es garantizar el cumplimiento del orden jurídico vigente. La nueva ley provincial se sancionó tras la experiencia de los 90 donde a raíz de la desregulación hubo una invasión de grandes cadenas que afectaron a pequeñas y medianas empresas locales. Ahora existe una regualción que fija topes en la cantidad de metros cuadrados permitidos para funcionar y debe cumplirse para evitar repetir aquella experiencia".