"Lo que le estamos pidiendo al intendente (Miguel) Lifschitz es que revoque la habilitación provisoria y precaria de Yaguar, que fue otorgada por dos funcionarios de tercera categoría. Porque de no hacerlo quedará firme en la historia de Rosario que está vigente la teoría de los hechos consumados: cualquiera viene, construye sin permiso, en cualquier lugar, total después te dan la habilitación precaria y cuando el negocio está abierto, lo cierra Magoya". De este modo graficó Jorge Aseguinolaza (asesor de la Cámara de Supermercados) el reclamo que el sector le está haciendo al intendente. El pedido es a coro entre la Asociación Empresaria, así como las cámaras de almaceneros y carniceros, que hoy se movilizarán al Concejo Municipal y a la Cámara de Senadores provincial para hacer oír sus reclamos.

Aseguinolaza recordó que "en 1999 el Concejo rosarino sanciona la ley 7220 que regulaba las grandes superficies comerciales minoristas, pero en aquel debate se planteó la necesidad de una ley provincial, porque ésta norma solo era para Rosario y las grandes superficies de venta podrían llegar a radicarse a Funes o Granadero Baigorria. Tiempo después el diputado provincial Angel D'Ambrossio y su par Carlos Bermúdez, genera la ley provincial 12.069 que regula las grandes superficies comerciales en toda la provincia. Y define las mismas como aquellas mayores a los 1200 metros cuadrados, y fija un tope: se divide el número de habitantes de la ciudad por ocho: esto da una cantidad de unos 130 mil metros cuadrados para todo Rosario, mientras hoy tenemos 350 mil metros cuadrados de superficie de venta de alimentos. Es decir ya estamos excedidos. Pero también marca que toda empresa que supere el monto de facturación anual de 90 millones de pesos será considerada como una gran superficie comercial. Esta ley entró en vigencia en el 2003 y el Concejo aprueba un decreto de adhesión".

"Yaguar intenta ingresar a ciudad cuando la ley 12.069 estaba vigente, y empieza a construir una local de diez mil metros cuadrados hasta que se le avisa desde nuestra Cámara a Lifschitz, que procede a la clausura de la obra porque además de no tener permiso, violaba la ordenanza de deslinde parcelario", esto es la distancia de la construcción con la línea municipal o de calle y con los terrenos linderos.

"Y aquí -dice Aseguinolaza- viene la primera mala praxis administrativa del municipio: debió decirle a la empresa que además de estar haciendo una obra sin permiso, no le puede dar ese permiso porque existe una norma que regula las grandes superficies comerciales y que tiene que cumplir. Pero lejos de hacer cumplir la ordenanza, le dejan continuar la obra: y en ese pedido de edificación de aquel tiempo se basa Yaguar para pedir la habilitación".

En diciembre de 2004 se aprobó la ordenanza 7790, que fija la aplicación de la ley 12069 en Rosario, y que comprende al comercio minorista y al mayorista. "Por lo tanto -recordó- todo aquel que desde el 2004 quiera abrir un supermercado tiene que respetar la ordenanza 7790, y previo al permiso de edificación, tiene que ver si cumple o no las condiciones de la ordenanza. Es más, Yaguar no había obtenido el final de obra, lo obtiene un año y medio después de terminada la obra, porque se negaba a hacer las obras complementarias. Así que se niega a hacerlo y pide un amparo que le niega la justicia, mientras la Municipalidad le deniega la habilitación, a lo que Yaguar responde con una media cautelar".

"Hasta que en noviembre de 2006 aparece una juez civil y comercial que mete un amparo por mora contra la provincia, porque alguna vez Yaguar le había enviado una nota a la provincia pidiéndole que defina si esta empresa entraba o no en la ley provincial. Y como la provincia no le contestó, la jueza dio por sentado que era por el sí. Al mismo tiempo dispara una orden judicial que le dice a la Municipalidad de Rosario que continúa con los trámites, pero no dice que lo habilite. Y aquí esta el nudo gordiano de la cuestión: el municipio después de darse cuenta de los mamarrachos administrativos, está tratando de tapar este problema dando la habilitación provisoria cuando en realidad a los funcionarios que cometieron todos estos errores y que son del área de Gobierno, no les dice nada", concluyó.