En forma complementaria con el proyecto para instaurar la figura del querellante penal, la diputada provincial Verónica Benas presentó otro para crear dos fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual en la provincia. "Este proyecto nace de la necesidad de un tratamiento específico de este tipo de delitos, ya que en la actualidad las denuncias caen en juzgados penales que no las priorizan, y al no haber especialización alguna en violencia sexual, terminan revictimizando a las personas que sufrieron los delitos", explicó la legisladora provincial sobre la iniciativa presentada el 24 de agosto.

Las fiscalías tendrán sede en las ciudades de Santa Fe y Rosario con jurisdicción en las circunscripciones 1 y 2 de la provincia. El Estado provincial deberá disponer (de Rentas Generales) la creación de un cargo de fiscal y al menos dos empleados administrativos en cada una. El proyecto también establece que el concurso para cubrir los cargos privilegie a quienes estén capacitados en violencia sexual.

Los fundamentos del proyecto indican la necesidad de "un ámbito especializado a los efectos de recibir denuncias, recolectar pruebas y preservarlas adecuadamente, proporcionar asistencia directa e integral a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y centralizar las informaciones".

Entre los objetivos de las fiscalías especiales se señala la de garantizar el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de delitos contra la integridad sexual. Para eso, el Estado provincial deberá promover la coordinación entre distintas áreas para implementar acciones de prevención, asistencia y rehabilitación de las personas que sufrieron violencia sexual. La diputada Benas solicita que se arbitren "procedimientos que eviten la revictimización derivada de estudios médicos sucesivos y de la sustanciación de las actuaciones judiciales". Justamente, las prácticas revictimizantes son una razón principal de que la mayoría de los delitos contra la integridad sexual no sean denunciados. Benas argumentó que la creación de las fiscalías procura "la inmediatez del fiscal con el hecho a investigar y, con ello, la eficiencia de la persecución penal".