A raíz del planteo formulado por las principales bancadas opositoras del Concejo, la municipalidad se involucrará en la investigación abierta en los Tribunales Federales de Rosario en torno a las presuntas irregularidades en la distribución del gasoil subsidiado. La secretaria de Servicios Públicos, Clara García confirmó ayer que esta semana los abogados del municipio solicitarán copia del expediente para conocer las vicisitudes de la causa iniciada tras una denuncia del ex edil Alberto Cortés contra la empresa Las Delicias. "Si bien no tenemos nosotros el poder de contralor, ya que ello es facultad de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), la minuta aprobada por el Concejo nos habilita para poder intervenir en el asunto", dijo la funcionaria quien además anunció que durante el mes en curso comenzarán a circular parte de las 500 nuevas licencias de taxis recientemente sorteadas.

El jueves pasado, en su última sesión, el cuerpo había aprobado una iniciativa consensuada entre los concejales opositores a través de la cual solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que informe "cuál es el mecanismo de control sobre el uso de combustible subsidiado por el Gobierno Nacional. También reclamaron que se "informe qué área es la encargada de notificar a la repartición pertinente del Gobierno Nacional los kilómetros recorridos por cada una de las unidades del transporte público de pasajeros (asi como) si ha sido citado algún funcionario municipal por el tribunal interviniente".

Los ediles promovieron este pedido de informes tras la resolución del fiscal federal Claudio Palacín que ordenó ampliar la investigación por el desvío de gasoil (según denunció Cortés de parte de la empresa Las Delicias) a las responsabilidades políticas. En su momento, el ex edil había presentado videos acompañados por testimonios de testigos que mostraban como en la planta de la firma de Pueyrredón al 5800, grandes camiones cargaban combustible de los mismos surtidores en los que los ómnibus del Transporte Urbano de Pasajeros se abastecen del gasoil que el Estado Nacional subsidia para mantener frecuencias y precio del boleto.

Extraoficialmente se mencionó que podrían ser citados como testigos de la causa Clara García, el propio intendente Miguel Lifschitz y hasta el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Ayer, en diálogo con LT8, la titular de la Secretaría de Servicios Públicos remarcó que hasta la fecha la municipalidad no "ha tenido acceso al expediente, nos hemos enterado de algunos aspectos a través de los medios, por declaraciones del denunciante o mediante una copia informal que vaya uno a saber de qué manera llegó a los despachos oficiales".

En ese sentido García destacó que "tras la aprobación de la minuta en el Concejo, seguramente durante el transcurso de los próximos días los abogados de la municipalidad pedirán copia de todas las actuaciones realizadas para saber el estado de la causa". Al respecto, la funcionaria recordó que el poder de contralor lo ejerce la CNRT. "Nosotros no tenemos el poder de policía para controlar estas cuestiones", aseveró

Por otra parte García confirmó que durante el mes de mayo comenzarán a circular por las calles de la ciudad parte de las 500 chapas de taxis sorteadas en marzo en Sportivo América. "Hasta ahora convocamos a los primeros 200 aspirantes y cerca de 170 ya abonaron los 20 mil pesos en concepto de derecho de explotación. Si los restantes no se presentan acudiremos a la lista de espera. Pero la decisión política de aumentar la cantidad de chapas que tiene la ciudad no es negociable, ya ha sido discutida y aprobada por el Concejo. La incorporación no será gradual (como piden los actuales titulares de licencias) sino de acuerdo al cronograma fijado. La ciudad lo reclama", remató.