CIUDAD
Es por el corte de Circunvalación que mantienen vecinos que reclaman un resarcimiento por las inundaciones. El municipio recurrió a la Justicia Federal que analizará el conflicto.
El intendente Miguel Lifschitz aseguró ayer que el municipio no aceptará "extorsiones", en relación al piquete en Circunvalación y Baigorria que aún mantienen un grupo de familias afectadas por las inundaciones que todavía no han recibido el resarcimiento económico. En ese marco los asesores jurídicos de la Municipalidad llevaron hasta la justicia Federal otro pedido para que los vecinos levanten el corte. Sin embargo, el juez Roberto Félix Angelini, luego de recibir por parte de la policía un informe sobre la situación, decidió solicitarle a la fiscalía una ampliación de los datos, con lo cual habrá seguramente que esperar un tiempo para hacer efectivo el desalojo, por lo menos hasta que se recopilen los datos solicitados por el juez; quien le habría manifestado a los abogados del municipio que tomará una decisión "lo más rápido posible". Por su parte, el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, precisó que "no estamos planteando que se reprima a los manifestantes, sino que el corte de una arteria es un delito y no podemos ser cómplices de ello". En tanto, María Ester, una de las voceras del grupo que desde el jueves pasado mantiene la protesta, manifestó a Rosario/12 que continuarán con el piquete porque "estamos reclamando por las cosas que perdimos".
La continuidad del piquete en Circunvalación y Baigorria motivó una dura respuesta del intendente quien advirtió a los vecinos de Nuevo Alberdi Oeste que mantienen el corte que si bien "están abiertas las puertas para dialogar, en estas condiciones no lo vamos a mantener; no vamos a tolerar esta actitud extorsiva, no vamos a negociar en esta forma".
En declaraciones a Radio Dos, el jefe del Ejecutivo local agregó que el de los vecinos "es un reclamo que no tiene justificación, porque las situaciones que eran atendible ya fueron perfectamente atendidas y resueltas hace tiempo". Según el intendente Lifschitz, "las necesidades insatisfechas relacionadas a la inundación ya fueron atendidas".
En una misma sintonía, el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, anunciaba el pedido del levantamiento en la Justicia Federal y se preocupaba además por la salud de los manifestantes, al indicar que "está en peligro la seguridad de esta gente, hay chicos entre ellos y las condiciones climáticas no son las más indicadas para estar en la calle".
Luego de las declaraciones, los asesores jurídicos de la Municipalidad, después de hablar con el juez Angelini -quien consideró "insuficientes" los datos aportados por la policía, y pidió un detalle de la cantidad de personas que están llevando adelante la protesta- se dirigieron a la fiscalía para pedir una ampliación de la denuncia.
"Sabemos que el intendente dijo que teníamos las puertas abiertas -indicó a este diario, María Ester, una de las voceras de los vecinos de Nuevo Alberdi Oeste- pero yo pregunto por qué no se toma la molestia él, o algún responsable, que tienen auto, de venir. Acá nadie aparece; el sábado vino (Alicia) Del Pino, la directora de Villa Hortensia, dijo dos o tres palabras y se fue. Queremos soluciones porque de lo contrario, de acá no nos pensamos mover".
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