El decreto que el gobernador Hermes Binner presentó en Rosario el pasado 29 de abril y que cuenta con el acuerdo de todos sus ministros no hace nada más, ni nada menos, que dar cumplimiento al principio de la Constitución nacional en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno y también al artículo 1º de la Constitución provincial que expresa que el principio republicano de gobierno reconoce como aspecto fundamental del mismo la presunción de publicidad de la actividad estatal.

En los considerandos del decreto hay dos definiciones para destacar: La primera, referida al reconocimiento del derecho a la información y el libre acceso a la misma como elementos fundamentales para garantizar una democracia participativa, que a la vez constituye una estrategia clave para promover la transparencia en la gestión pública. La otra definición es el carácter de derecho humano asignado a la información y al libre acceso a la información consagrado en el artículo 13º del Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 75º de la Constitución Nacional.

Los puntos sobresalientes que dan especial valor al decreto son:

* Ambito de aplicación: la administración provincial conformada por la administración centralizada y los organismos descentralizados. En estos últimos están incluidos los de la seguridad social. Las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades anónimas del Estado, las de economía mixta, las empresas y entes residuales, los entes interestatales y todas aquellas otras organizaciones donde el Estado provincial, a través de su administración centralizada y/o descentralizada tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los fondos fiduciarios, integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado provincial. Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo de la administración provincial. Quedan excluidos del ámbito de aplicación los Poderes legislativo y Judicial.

También se incluye la situación por la que alguno de los sujetos estatales se disponga a otorgar subsidios o aportes de cualquier tipo a municipios y comunas, organizaciones privadas sin que ello constituya un derecho de esos destinatarios. Además cuando se disponga conceder a una persona ajena a la administración la prestación de un servicio público y/o la explotación de un bien de dominio público. Será condición previa de quien pudiera resultar concesionario el sometimiento y la adhesión a los términos del decreto.

* Alcances: La información pública es toda constancia obrante en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, que haya sido creada por quienes están mencionados en el ámbito de aplicación o que haya servido de antecedente para el dictado de una decisión de naturaleza administrativa, incluyéndose las actas de las reuniones oficiales, los contratos y acuerdos. (artículo 6º)

* Legitimación activa: Toda persona física o jurídica tiene, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado. (artículo 8º)

* Gratuidad: El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a cargo del solicitante, quien no está obligado a abonar los costos que implique la búsqueda de la información, salvo que ello implique una actividad que altere el normal funcionamiento del sujeto requerido...(artículo 11º)

* Autoridad de aplicación: La dirección provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia será la encargada de verificar y exigir el cumplimiento de la norma, de recibir las denuncias por incumplimiento y de realizar recomendaciones para el mejor funcionamiento de la norma.

Volanta: Opinión

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El deseo de los ciudadano por conocer

Por Alicia Simeoni

Tal vez la expresión "Queremos saber" es una de las que mejor condensa el derecho, y en muchos casos el deseo y la inquietud ciudadana, por conocer alguna parte de la información que se produce en el universo de los tres poderes del Estado. De hecho esa fue la denominación que identificó a una de las últimas acciones encabezadas por el Sindicato de Prensa Rosario, desde su área de libertad de expresión, destinada a que la provincia de Santa fe cuenta con una ley que consagre el derecho invocado. Esta campaña que se realizó junto al Foro de Comunicación Santafesino (FOCOS) sumó la expresión favorable del más amplio espectro de entidades que conforman el campo popular: organizaciones sindicales y comunitarias, de derechos humanos y profesionales, que trabajan por los derechos de las mujeres y por la diversidad sexual, académicas, de profesionales y de damnificados por las inundación del 2003, vecinales y universitarias. También las expresiones de política partidaria. Los distintos canales de participación de la provincia, muchos del nivel nacional y aún algunas del ámbito internacional sumaron su voz a la convocatoria para que el grupo de senadores del Partido Justicialista escuchara el mensaje. Sin embargo nada pudieron las expresiones de medios masivos, algunos comunitarios y sociales. El bloque no escuchó, no vio el acto que se hizo en la puerta de la Legislatura en ocasión del 28 de septiembre "Día Internacional del Derecho a Saber" en 2006.

Agazapados, miedosos, pusilánimes, se quedaron encerrados en el recinto protector mientras el gran cofre, al estilo pirata, fue abierto por los supuestos martillazos que una murga y un conjunto de actores dieron a un enorme candado. De este modo fue posible que desde dentro de la gran caja de cartapesta, de bastante más de dos metros de alto, surgieran, de boca de todas las organizaciones, las preguntas sin respuesta que durante tantos, tantísimos años se hicieron sin que nadie se molestara en contestarlas. Ni por cortesía se atrevieron a arrimarse al despliegue de cánticos y discursos, cuando por el contrario mujeres y hombres de Rosario y Santa Fe fueron recibidos por quien entonces era el titular de la Cámara de Diputados, Edmundo Barrera, junto a legisladores de los distintos bloques. Vale decirlo: la actitud de Barrera y de los demás diputados fue muy valiosa, tal vez más de lo que se la pudo medir en ese momento. Los diputados, luego, supieron construir una síntesis de proyectos que convergieron en un único texto votado por unanimidad. Ese texto amplio, plural, sin limitaciones, perdió estado parlamentario como lo habían hecho todos y cada uno de los proyectos presentados, desde aquel propósito de derecho a la vista que había presentado muchos años antes el entonces diputado por el demoprogresismo Carlos Favario. Mientras tanto, el texto presentado por el ex gobernador Jorge Obeid sufrió la peor de las suertes, cayó en manos, justamente, de quienes levantaban la limitación acerca de que había que demostrar "interés legítimo" para acceder a la información. Obeid tuvo el mal tino de ingresar el proyecto por el Senado. La cultura del secreto, del sigilo, del oscurantismo se puso en marcha y nunca se detuvo, destructora y terriblemente asustadiza. ¿Qué pasaría si alguien pregunta de qué manera invertimos lo que se destina como subsidios?, se escuchaba decir en las conversaciones del bloque oficialista. Tanto miedo tampoco les dejó ver, a esos senadores, que la sociedad quiere y necesita saber mucho, pero muchísimo más que algunas cuestiones por las que sentían especial temor. El otro argumento falaz hablaba acerca de que tantas preguntas impedirían gobernar y que habría que pasarse contestando preguntas. Cabe aclarar que, aún con la existencia de una ley que contemple el acceso a la información pública, si no hay una difusión masiva de la misma, si no se explica para qué sirve, será un derecho nunca ejercido. No hay práctica, no hay cultura de tantos derechos ciudadanos todavía y ésa es una de las principales batallas que se deberá dar, para que el "Queremos saber" surja de muchísimas voces santafesinas. Mientras tanto, y luego del decreto de Binner, la nueva campaña por la ley, la nueva edición de esa expresión con voluntad de conocer ya se diseña y se lanzará, otra vez, para ir por la ley.