SOCIEDAD
› Por Stella Hernández
*Stella Hernández, secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario, organización que integra la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación CTA.
En primer término hay que tener en cuenta que este debate llega con 26 años de retraso, por eso dijimos que era un día histórico el del miércoles 26 de agosto cuando desde el Poder Ejecutivo se tuvo la decisión política de enviar, para el tratamiento legislativo, el proyecto que recoge los 21 Puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática de la que nuestra organización es fundadora. Y el del jueves pasado también fue un día histórico, cuando por primera vez el Congreso Nacional comenzó el debate sobre otra comunicación, la que necesita la profundización de la democracia.
También fue un día difícil donde las mezquindades quedaron al descubierto, ya que en el debate parlamentario de cerca de nueve horas se intentaron maniobras dilatorias con las que se busca frenar la sanción de una nueva ley. La titular de la Comisión de Libertad de Expresión Silvana Giúdice convocó antes del debate a conferencia de prensa para dar a conocer la resolución de realizar siete audiencias públicas en todo el país, como si la historia recién empezara. Con esa propuesta se desconoce que este proyecto de ley viene con discusiones en 24 foros públicos donde se hicieron 1.200 aportes y que hay 50 artículos modificados como síntesis de esos foros. Ya en el 2001 se hicieron audiencias públicas para discutir el entonces proyecto del gobierno de la Rúa, hubo una multiplicidad de proyectos sobre ley de radiodifusión, también el enviado por el gobierno de Raúl Alfonsín, pero nunca tuvieron tratamiento por parte del Congreso Nacional. Y no hay casualidad en esa falta sino más bien causalidad, fue el resultado de la presión de los grupos concentrados de los medios. Por eso es que hablamos de estrategias de dilación por parte de algunos legisladores y bloques como la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente, el radicalismo, el cobismo, que están en línea directa con los intereses de los grandes medios.
Hay que respetar y reconocer el trabajo de las organizaciones, de los trabajadores y de los distintos actores de la comunicación y de la sociedad civil en su conjunto que vienen reclamando por la derogación de la ley de la dictadura y que han puesto su ladrillo en la construcción colectiva de una nueva ley. Acompañamos el debate parlamentario pero no aceptamos estrategias dilatorias que apuntan a postergar el tratamiento de la ley.
Nuestra organización, la Federación de la que formamos parte y la Coalición destacamos la importancia del debate y que se planteen todas las objeciones que se consideren necesarias sobre el proyecto, que se hagan todos los aportes para enriquecerlo, que se señale lo que hay que sacar o corregir, pero lo que nos resulta inadmisible es que no se trate o se demore indefinidamente.
Hay algo que queda muy claro sobre la importancia de este proyecto de ley y es directamente proporcional a la feroz reacción de los multimedios y monopolios que lo que pretenden es que no haya ley y seguir con la hegemonía en el uso de la palabra.
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