A principios de 2006, el gobierno nacional reglamentó la Ley del Ejecutante Musical, creada originalmente en 1958, lo que motivó la reacción inmediata de los músicos que entendían que esa normativa afectaba sensiblemente a la producción y el quehacer artístico. Desde Mercedes Sosa y León Gieco hasta integrantes de grupos ignotos se convocaron en asambleas para luchar por la derogación de una ley que, entre otros puntos, obligaba a los artistas a superar un examen de calificación para obtener así su credencial de "músico profesional", en una iniciativa impulsada por la Sociedad Argentina de Músicos (Sadem), entidad que se encargaría de las matriculaciones y el cobro de cachets y aranceles. Derogada por Néstor Kirchner, la polémica ley sirvió como disparador para la conformación de asambleas que derivaron en la redacción de un nuevo proyecto, que ahora aguarda tratamiento.

Seis son los puntos básicos de este nuevo plan: la creación del Instituto Nacional de la Música como órgano de fomento; el otorgamiento de herramientas que solucionen parte del proceso productivo de un proyecto musical; participación de las organizaciones de músicos independientes de todo el país en la distribución de los beneficios; la creación de un circuito estable de música en vivo en cada región cultural; la posibilidad de mejorar la difusión de música nacional en los medios y la creación de un circuito cultural social.