La diputada provincial de SI Alicia Gutiérrez presento un pedido de informes solicitándole a Poder Ejecutivo que constatara si algún agente que presta actualmente servicios en organismos dependientes del gobierno provincial figura en los informes desclasificados como personal civil del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura militar y si los mismos se encuentran bajo investigación por delitos de lesa humanidad.

"Durante muchos años, los organismos de Derechos Humanos, partidos políticos y organizaciones sociales solicitaron a los distintos gobiernos provinciales que separaran a los funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y personal de planta de la provincia, que formaron parte de las fuerzas represivas de la dictadura militar de 1976. Basta citar a Nicolás Correa, al teniente coronel Riege, Bernhardt, Sfulcini, y otros", expresó la legisladora, quien apuntó que "a pesar de que existen denuncias fundadas, nunca se logro concretar aquel objetivo".

El gobierno nacional dictó el decreto 1137/2009 donde se releva de la clasificación de seguridad "estrictamente secreto y confidencial" a la documentación relativa al listado del Personal Civil de Inteligencia que prestó servicios en el Destacamento 121 durante los años 1976 y 1979. "La posibilidad de efectuar la contestación sobre demás agentes que prestan actualmente servicios en organismos dependientes del gobierno provincial brindaría a los juicios, iniciados y por iniciarse, una valiosa documentación e información sobre los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad en centros clandestinos durante la última dictadura militar", dijo la legisladora.