El intendente Miguel Lifschitz se reunió ayer con el presidente de la Cámara Santafesina de Seguridad Privada (CASASEP) Héctor Alvarez de Igarzabal, quien manifestó la necesidad de aplicar medidas administrativas más restrictas al momento de la licitación de servicios de seguridad privada por entes públicos, debido a que "los valores que actualmente ofrecen algunas empresas no alcanzan para cubrir los costos básicos de los empleados. Esta situación sugiere la posibilidad de que las empresas no estén cumpliendo con las cargas sociales acordadas en la última reunión de paritarias", dijo el empresario.

En tal sentido, Alvarez de Igarzábal alertó que quienes contratan servicios a menor costo que 12,60 pesos por hora "están tercerizando la evasión, por lo que se convierten en cómplices del empleo en negro". Agregó que "el derecho laboral determina que los usuarios de servicios de seguridad privada siempre tienen parte de la responsabilidad legal sobre el personal y la regularidad de la empresa o agencia contratada". El titular de la cámara agregó que "hay consorcios y empresas afrontando grandes demandas económicas del personal de vigilancia por los incumplimientos de las agencias y empresas de seguridad privada a las que pertenecieron".