Los debates políticos sobre sexualidad oscilan entre el silencio y la estridencia. Sin embargo, en la sesión en Diputados sobre matrimonio universal, ése no fue el caso. Los conservadores midieron sus palabras, muchos de ellos con sinceridad. Los partidarios del proyecto también fueron mesurados, quizás incómodos por su tardía aceptación de que las personas no heterosexuales tienen derecho a ser iguales ante la ley.

Una gran mayoría de legisladoras y una ajustada mayoría de legisladores votaron reconociendo algo obvio desde una perspectiva democrática: que gays y lesbianas forman parejas y que no hay razón para que su status legal y social no sea el mismo que el de las parejas heterosexuales; y que no hay razón para que el status legal y social de los niños y niñas a cargo de parejas homosexuales no sea el mismo que el de quienes están a cargo de parejas heterosexuales (recordemos que el status legal de niñas y niños a cargo de personas solas, hoy, no hace diferencia entre héteros u homosexuales).

El rey está desnudo. De aprobarse la ley, el mundo no se acabará, nadie perderá ni ganará elecciones, pero alguna gente se sentirá reconfortada y hasta orgullosa de nuestra Argentina.

El voto de esta ley, de confirmarse por el Senado, será una reparación histórica. De una desigualdad social reproducida por nuestro Estado (no por la Iglesia sino por nuestros poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a no echar responsabilidades donde no las hay: si la ley no sale, no será por los obispos, será por legisladores y legisladoras, será por jueces y juezas de la Corte, será por líderes políticos que alentarán o boicotearán el respeto de los derechos humanos sin discriminaciones), una desi-gualdad que además de injusta, trajo y trae sufrimientos evitables. Y evitar sufrimientos evitables es tarea primordial de la política.

Muchas diputadas y diputados trajeron el tema del sufrimiento experimentado, históricamente, demasiado universalmente, por quienes escapan al binarismo heteronormativo: gays y lesbianas, en este caso, pero también sus progenitores e hijos. El reconocimiento de este sufrimiento les permitió a gran número de oradores justificar su voto por la afirmativa, aunque sea que sirva para eso. El sufrimiento, sin embargo, no da derechos: los derechos los tienen todas y todos los ciudadanos en un régimen que pregona la libertad y la igualdad.

El sufrimiento, se vio el otro día, permite a algunos legisladores hacer acto de buena conciencia. Pero ojo: no siempre la buena conciencia lleva a votar bien, ni a expresarse con rectitud política. Por rectitud política me refiero a rectitud ética y política en su sentido literal, no irónicamente. Mezclar religión personal y actuación política en un espacio de representación pública puede ser un rasgo perdonable. Pero el recurso a la religión para votar en un sentido políticamente indefendible (“si mi voto cambiara el resultado, entonces...”), no ofende a la comunidad, ni a la Iglesia, sino a la inteligencia. Más grave aún, hablar de colegas de la Cámara aludiendo a su orientación sexual, sin que ésta haya sido expresada en primera persona, ofende a la ética privada y pública. Identificar a “una persona que tiene una identidad sexual diferente”, en tercera persona, es hacer outing. Es hablar por otras y por otros, desde la comodidad de quien encima tiene buena conciencia: “nosotros”, dice la versión taquigráfica de un discurso, “los hemos incluido”, a los “otros”, a quienes no son como “nosotros”. En esa línea, varios legisladores que se opusieron al dictamen de mayoría dijeron tener un amigo judío... digo gay. Es muy fácil para mí hacer este señalamiento, históricamente hecho a los antisemitas vergonzantes, y lo hago. Cabe preguntarse: ¿tendrán hijos sus amigos gays? ¿Serán tan dignos para acceder a la igualdad ante la ley como sus amigos hétero? La incomodidad de varios discursos en la Cámara puede explicarse por resfríos, por corrección política (aquí en su sentido peyorativo), pero también por lo insostenible de votar la reproducción de la discriminación con argumentos de buena conciencia.

En fin, ya veremos cuando se trate en el Senado.

Pasó casi un cuarto de siglo desde la reforma de la Ley de Matrimonio Civil que permitió el divorcio vincular y que ha sido una de las más reconocidas victorias de la democracia. Señoras senadoras, señores senadores: piensen cómo recordamos a quienes, con valentía e inteligencia, defendieron la ley; y cómo recordamos los argumentos opositores que hoy apenas pueden proferirse sin mover a risa, espanto o tristeza.