Primero fue una jueza de La Pampa, una que decía que sus decisiones venían de ser discutidas en vía directa con Dios y que entonces se iba a tomar licencia cada vez que hubiera que casar a una pareja del mismo sexo. Le siguieron otros, en Corrientes y en Mendoza. Después llegó el gobernador de esa provincia cuyana a resguardar la conciencia de quienes se sientan “moralmente” incómodos por tener que otorgar las obligaciones y los derechos civiles que implica un matrimonio a dos personas cuyos documentos indiquen que tienen el mismo sexo –no sabemos qué harían si les tocara casar a una travesti lesbiana con una mujer–. Para Celso Jaque la “objeción de conciencia” existe aunque la ley no lo contemple. No explicó sobre el terreno de qué tipo de conciencia se podría producir una objeción: los implicados no tienen que poner sus manos en otro cuerpo, no están cometiendo ellos mismos actos que los ofendan, ni tienen responsabilidad alguna en que esa pareja de personas del mismo sexo haya decidido casarse. Solamente tienen que cumplir con un acto administrativo. El gobernador de Mendoza no está solo: el responsable del registro civil en Corrientes también dijo que se iba a amparar a los funcionarios en rebeldía. Por ahora el movimiento es tímido aunque constante. Una pequeña señal de alerta para tener en cuenta. Es cierto que no hay por qué obligar a nadie a que haga algo que no quiere. Ese acto administrativo recién nombrado suele tener un carácter emotivo y entonces está bueno que quien lo realice tenga un poco de onda. Por eso hasta sería saludable que quienes tienen problemas morales a la hora de casar a algunas parejas se abstengan. Lo que no implica que esa objeción tenga un costo: una multa, descuentos de sueldo por la tarea no realizada, suspensiones. En fin, el costo que implica no cumplir con el deber de todo funcionario o funcionaria pública que es, sencillamente, cumplir con lo que dicta la ley. l