Ocurrió en Córdoba y parece un chiste, pero no. Un funcionario se negó a casar a dos personas del mismo sexo. Y luego, se negó otro funcionario. Y luego otro. Y así fue que en pocos días ya había cinco casos de jueces que alegaban “objeción de conciencia” y parejas condenadas a ir de un lado a otro buscando un juez o jueza con ganas... El Director del Registro Civil de Córdoba, Lorenzo Gatica, por lo visto un defensor de la libertad, declaró: “No los puedo obligar”.

¿Qué les objeta la conciencia a todos estos funcionarios? ¿No están de acuerdo con la homosexualidad? Que no teman. La Constitución no le impone al funcionario que se convierta en homosexual, ni que contraiga matrimonio con una persona del mismo sexo, con lo cual sus convicciones como persona quedan debidamente resguardadas, sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Gatica se equivoca. Su deber, como director, es que cada uno/a de las y los funcionarios que forman parte del Registro Civil a su cargo cumplan con las leyes aplicables; y al avalar la violación de las leyes incurre en incumplimiento él mismo. La negativa a cumplir la ley por parte de funcionarios está tipificada en nuestro sistema jurídico bajo la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Del mismo modo que si un bombero se negara a apagar el incendio en la casa de una persona por ser afrodescendiente, o si un médico se negara a curar a un individuo por ser judío, es inaceptable plantear una supuesta objeción de conciencia cuando el pretendido objetor no se ve personalmente afectado.”

Afortunadamente este mal chiste ha tenido un final feliz. O mejor dicho, un final justo.

Gracias en gran parte a la intervención de la ONG Devenir Diverse, que hizo la denuncia penal correspondiente, este disparate salió a la luz de los juzgados. El Ministerio de Justicia de Córdoba emitió una resolución que instruye dar “irrestricto cumplimiento” a la ley de matrimonio. Ojalá que la Docta baste de prueba para más de un botón.