director ejecutivo de la Fundación Buenos Aires Sida

Educación sexual La Dirección Nacional de Sida fue progresando en material de prevención de vih y diversidad sexual: cartillas, tarjetas, folletos, etc. Todo ese material va a las áreas de sida provinciales, a las organizaciones, etc,: no llega tanto a la escuela, pero circula en la comunidad.

Recién este año comenzó tibiamente a implementarse la Ley de Educación Sexual y Salud Reproductiva, de una manera dispar en las provincias. Faltan espacios de capacitación docente, pero hay provincias que incorporaron más la implementación de la salud sexual en el marco de lo que venían haciendo con el tema vih. En lugares como Tucumán, Salta o Formosa directamente no se implementa la ley por presión de la Iglesia. Puntualmente, en Salta rechazaron las cartillas de educación sexual del ministerio diciendo que “no se ajustan a la cultura de la provincia”, pero en otras provincias sí se están utilizando.

Hay que decir que hubo una continuidad y hasta un incremento de la compra de preservativos por parte de Nación, que se distribuyen en todo el país también con resultados dispares, sobre todo por el vínculo que pueden lograr las organizaciones con los gobiernos provinciales y las políticas provinciales en cuanto a recursos destinados a la prevención y educación sexual. Otro tema importante es que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no provee al Ministerio de Salud para hacer folletos, por ende en la Capital se distribuyen los materiales preventivos destinados a Nación.

La ley de matrimonio igualitario provocó un efecto a corto plazo, que es la incorporación del concepto de familia desde una perspectiva de diversidad: ahora cuando los libros hablen de matrimonio van a tener que incluir a los del mismo sexo y eso terminará formando parte de la educación sexual de chicos y chicas. Los contenidos del canal Encuentro y de Pakapaka que incluyen una perspectiva de constelación familiar con mirada de diversidad, también son prometedores.

Medicamentos No hubo faltante de medicamentos como hay en otros países de la región, pero sí se ha repetido en todos los veranos la falta de un medicamento en particular. Se trata del 3TC complex de Glaxo, un cóctel en sí mismo que se terminó entregando como material fraccionado, y eso altera la calidad de vida de los pacientes porque aumenta la cantidad de tomas, y se dificulta la entrega, sobre todo para pacientes que no saben leer y escribir.

Muchos médicos de hospitales públicos no educan en cuando a los tratamientos, hay mucha discriminación en el acceso a salud reproductiva para la mujer que vive con vih y mucho más para travestis y trans, cuyo promedio de vida es la mitad que el de la población general.

El 35 por ciento de las travestis tiene vih: eso es escandaloso y es escandaloso que no escandalice.

Los tratados de libre comercio que se quieren imponer desde la Unión Europea quieren restringir la posibilidad a la India de vender genéricos y sin el insumo vamos a estar obligados a comprar medicamentos originales. La industria farmacéutica quiere ganar mucho sin observar que los países no tienen capacidad de compra. Por otra parte, hay gente que tiene vih y no lo sabe. Si se enterara esa gente, habría una crisis de demanda.

Donación de sangre En los últimos años, algunas resoluciones provinciales fueron avanzando y aportando para el consenso en cuanto a la descriminalización de las personas homosexuales en tanto donantes de sangre. Hubo dictámenes y resoluciones del Inadi en este sentido y organizaciones militantes fuimos fijando la agenda en los medios, tocamos el tema con énfasis, activamos la importancia de sacar del cuestionario la pregunta por la orientación sexual. Emergieron decisiones políticas locales pero el cuestionario sigue vigente. De todas maneras, disminuyó la discriminación hacia las personas homosexuales, lo que habilita que se terminen volviendo arcaicas estas resoluciones y permiten avanzar en su derogación.

Trato a pacientes Muchos médicos no firman el certificado obligatorio, lo que genera que haya gente que no puede gestionar la pensión por discapacidad. Lo hacen por prejuicio, por decidir sobre la voluntad de la persona, y es gente cuya salud no alcanza el porcentaje de discapacidad estricto, pero no puede trabajar. Es muy dispar el compromiso asumido por las provincias para la política alimentaria: hay personas que reciben 50 pesos y otras que reciben 150 pesos, entonces hay muchos reclamos en ese sentido.