Esta frase que continúa con mucha circulación en Córdoba, era muy frecuente en nuestro país y Uruguay y es análoga de “hacerse el otario” o “hacerse el sueco”, según el diccionario de la Real Academia Española: “desentenderse de algo, fingir que no se entiende”. De hecho, es “real y académica” la siguiente y tercera acepción de la palabra “sota”: “Argentina y Uruguay: Persona que finge no saber o no conocer”. La expresión vendría del latín soccus, que era una especie de pantufla usada por las mujeres y los comediantes. De hecho, soccus era el calzado que en el teatro romano antiguo llevaban los cómicos. De soccus viene zueco (zapato de madera de una pieza), zocato (zurdo) y zoquete (tarugo de madera corto y grueso), palabra que se aplica al hombre torpe y obtuso. De allí “hacerse el sueco” terminará transformándose por aquí en “hacerse el sota”, y equivale a decir hacerse “el torpe, el tonto, el que no entiende nada lo que se le dice”.

Quien está haciéndose el sota es Juan Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, quien recientemente prohibió en todo el territorio de la provincia que continuaran abiertas las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, amparados en el poder sin límites que le otorga el Código de Faltas inconstitucional y antirrepublicano y no tuvo reparo alguno en desentenderse de la situación enviando a las personas en situación de prostitución a sus provincias de origen con un boleto de bus sin regreso –¿asistencia psicológica y social?–. Nada, se hizo el sota.

No conforme con ello, en la reglamentación de la ley provincial policial 9728, sancionada en 2010 –que establece requisitos discriminatorios hacia varios grupos sociales–, dice en un párrafo que no podrán ingresar a la fuerza personas con “afección en la salud, alteración o enfermedad en los órganos genitales o mutilaciones en el pene”. También excluye a personas a las que les falte algún dedo en la mano, o que sean rengas, gordas, bulímicas, tengan labio leporino, sean tartamuda o posean tics. Así el gobernador de la provincia hace honor a su apellido haciéndose el Sota una vez más. Como con suecos de madera camina torpe, este hombrecito que no tiene excusas en una Argentina con una Ley de Identidad con el status progresista más alto del planeta, ¿qué está pensando? Obtuso y atrasado en su despropósito de segregar en una institución que aún persigue y criminaliza a personas en situación de prostitución sobre la que ningún estado provincial o nacional puede obrar de otro modo que contemplando la calidad de víctima de la persona en situación de prostitución y sólo debe accionar penalmente en contra del proxenetismo.

En el año 2000 la Policía de la provincia secuestró, torturó durante cinco días y finalmente asesinó a Vanesa Ledesma, y siguen aún hoy impunes los responsables materiales e intelectuales de su homicidio y los responsables políticos de que no se investigara el crimen que terminó emergiendo como caso testigo para Amnistía Internacional de las condiciones a las que las trans nos encontrábamos expuestas en la Argentina a la que De la Sota nos pretende retrotraer.

Claro está que en esta fuerza a la que la sociedad cordobesa viene demandándole una profunda democratización no todxs sus integrantes son destinadxs al patrullaje callejero, donde puede entenderse cierta pertinencia de la aptitud física. Sino que posee, como cualquier institución, una amplia gama de trabajos de orden administrativo, contable y de investigación donde cualquier persona con capacidades diferentes puede ser útil y donde la visibilidad trans podría aportar mucho en relación a esa democratización.

Es una vergüenza más que Córdoba tenga que ser noticia permanentemente por el atropello a los derechos humanos del colectivo trans y de la sociedad toda. Según el final de un comunicado emitido por Sra. Eliana Alcaraz, referente del grupo Trans de Río Cuarto al que nos sumamos todas, desde el área legal de la institución señalaron que la nueva ley puede generar casos de discriminación, ante los cuales el organismo actuará de manera inmediata.

“La ley policial 9728, de inminente sanción, ya es analizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)”, informó Liliana Spengler, jefa del área legal de la delegación Córdoba. En diálogo con el programa Mirá quién habla, que se emite por Radio Universidad, la funcionaria indicó que se encuentran estudiando el nuevo cuerpo normativo, que es extenso. Por ello, aún no tienen una definición precisa respecto de procedimientos a seguir, aunque sí la presunción de que existirán presentaciones por discriminación.

“En lo particular seguramente habrá casos que estarán dentro de la discriminación. Pero vamos a analizar caso por caso. Si yo dictamino en general, estaría adelantando opinión respecto de todo otro caso que se presente”, indicó. “En caso de encontrar situaciones que se ajusten a discriminación, sin dudas haremos presentaciones”, adelantó.

REPUDIO A LOS REQUISITOS DISCRIMINATORIOS

Desde la organización Devenir Diverse consideraron que “la reciente reglamentación de la ley policial 9728, a cargo del gobernador De la Sota, determina requisitos discriminatorios hacia varios colectivos, en especial al colectivo trans, ya que lleva al extremo los requisitos físicos y psíquicos, limitando el acceso a esa institución y negando una fuente laboral”.

“Cuando a nivel nacional nuestra Argentina tiende a la inclusión social en todos sus ámbitos, incluyendo las fuerzas de seguridad, acá en Córdoba vamos a contramano. Estos requisitos arbitrarios impiden la democratización de las fuerzas de seguridad, cuestión que se viene exigiendo desde hace muchos años”, dijo Leandro Margaría, miembro de Devenir Diverse.

“Dicen que con estos requisitos se busca evitar que los policías sufran algún ‘padecimiento serio’ en su trabajo. La violencia que se ejerce contra el cuerpo policial es fruto de una violencia de éstos hacia sectores de la sociedad a los que quieren desaparecer, utilizando un Código de Faltas inconstitucional sobre el que pedimos la derogación. No es producto de un acoso generado por sus características personales, es una respuesta a su violencia”, agregó Margaría.

“A nivel nacional se ha avanzado enormemente en la incorporación del colectivo trans a las fuerzas de seguridad, así como también en la sensibilización de las fuerzas, cuestión totalmente descartada por la reglamentación de De la Sota. No nos sorprende, el hostigamiento es una práctica histórica del delasotismo hacia el colectivo trans en toda la provincia, y es un claro ejemplo de la política que el gobernador pretende instalar para nuestra comunidad”, comentó Benjamín Podestá, activista trans de Devenir Diverse. “Es lamentable que nuestra querida Córdoba no siga los pasos de una Argentina inclusiva, igualitaria y libre de discriminación”, concluyó.