Otro mapa se superpone sobre el del continente americano. Con sus propias escalas y zonas de peligro, la apertura latinoamericana hacia la diversidad tiene una topografía marcada por avances y retrocesos. Es cierto que en los últimos meses, no han faltado señales de avance. Así lo confirman el informe Homofobia patrocinada por el Estado (ILGA, 2015) y las estadísticas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En abril, Michelle Bachelet firmó el reconocimiento a las uniones entre personas del mismo sexo. A partir de junio de este año en México todos los jueces deberán fallar a favor en los amparos que las parejas del mismo sexo interpongan para casarse. Aunque ya era legal en DF, Quintana Roo y Coahuila, México se suma así –en bloque– al muy exclusivo club de países en los que es posible el matrimonio igualitario (Argentina y Uruguay). En Cuba, que asiste a una transformación con cuentagotas impulsada por la sobrina de Fidel, se aprobó una ley que prohíbe la discriminación en el empleo por orientación sexual. También tiene ya su primera funcionaria trans. El sistema de seguridad social de Costa Rica extendió sus beneficios a todas las parejas; para celebrarlo el presidente Luis Guillermo Solís colgó la bandera del arco iris en la Casa Presidencial. En Brasil la Corte autorizó la adopción para parejas de gays y lesbianas.

La CIDH felicitó a Costa Rica, Brasil y Argentina por haber dado asilo a perseguidxs por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo: los mismos países que refugian personas lgbti de otras latitudes no logran frenar el odio dentro de sus fronteras (según el último informe de la CHA el año pasado los asesinatos de personas gays se redujeron respecto del anterior, pero aumentaron los de personas trans). La ausencia de estadísticas es una constante: casi ninguno de los países de la OAE cuenta con datos oficiales de la violencia contra personas lgbti, a pesar de que a eso se comprometieron en la última Asamblea General. Por esta razón la CIDH e ILGA se basan en los datos monitoreados por organizaciones o los que logran llegar a los medios. La lista de contraejemplos no termina: como la decisión de la Corte en Colombia de no permitir la adopción conjunta y el rechazo del proyecto de ley de unión civil peruano por el poder legislativo. En toda Latinoamericana la transexualidad permanece asociada casi exclusivamente a la prostitución como medio de subsistencia y la esperanza de vida sigue estancada en los 35 años. La i de la sigla está en la sombra. Según ILGA: “la situación de las personas intersexuales en toda la región es de enorme invisibilidad. Casi ningún país ha iniciado algún trabajo al respecto. Los protocolos médicos continúan autorizando las intervenciones orientadas a ‘reparar sus cuerpos’”. Según estos informes, la violación de derechos de los hombres trans y las personas bisexuales se mantiene invisible: sin estadísticas. Las lesbianas de la región sufren una doble vulnerabilidad derivada del cruce entre orientación sexual y género, y la mayoría de los casos de violencia –no letal– contra lesbianas consiste en ataques a parejas en lugares públicos.

En este mapa se delinea además una grieta: la que divide el panorama del cono sur de Centroamérica. El Caribe, tanto para ILGA como la para CIDH, se mantiene muy poco amigable. Con excepción de las Bahamas, todos los países de habla inglesa de la región todavía castigan con prisión las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo. Se incluyen en esta lista destinos turísticos tan populares como Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago; en definitiva, Centroamérica continúa reservando el all inclusive solo para aquellos que lo pueden pagar.