DíA DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL
› Por Wilson Castañeda
En Colombia, si bien ha habido algunos avances en la protección de los derechos de las personas lgbti, estos se han quedado en el papel y sus escasos efectos han llegado sólo a las tres principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali). Pero en el Caribe colombiano parece que la ley no tiene efecto. En el contexto de los conflictos entre paramilitares, guerrilla, narcos y pandillas, los organismos internacionales hace mucho rato que vienen llamando la atención también sobre la urgencia de proteger a los líderes y lideresas de la población lgbti. Tenemos la posibilidad de cambiar nombre y género en los documentos, algo que se ha conseguido por un decreto que dice que “todas las personas en aras de construir su identidad pueden hacer esos cambios elevando una escritura pública ante un notario”. No tiene ningún requisito patologizante. Pero si bien existe ese derecho, es una formalidad que nada ha calado en la cultura: la transexualidad sigue siendo una identidad fijada en lo pavoroso: si es trans, seguro es drogadicta y se dedica a delinquir. Los crímenes de odio en Colombia no están legislados. Hay sí un agravante en el Código Penal que habla de la orientación sexual pero no incluye la identidad de género.
Este año se aprobó una figura jurídica llamada unión solemne muy similar a la unión civil. Pero los jueces pueden objetar libertad de conciencia y negarse a hacerlo. Cuando se mira el panorama legislativo de Colombia desde afuera da la impresión de que es un país que avanza progresivamente pero no es tan cierto porque somos una sumatoria de regiones. Y la región Caribe tiene problemáticas propias. Especialmente Cartagena, Barranquilla y Santa Marta son tres ciudades que, si bien están bajo la jurisdicción colombiana, tienen una fuerte influencia de lo peor del Caribe insular de la transfobia y la mentalidad extremadamente patriarcal de Cuba, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, que son países donde todavía se criminaliza ser lgbti. En nuestro observatorio –que llevamos adelante desde el 2007– hemos registrado 126 crímenes de odio. Estas cifras hacen del Caribe la zona más violenta hacia lo lgbti. El odio y la discriminación no están validados por la Constitución pero sí por nuestra cultura.
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