Nuestra ley de violencia 26.485 protege mucho más que lo que conocemos como “violencia doméstica”. Es una ley integral que incluye, para que nadie se distraiga, otras violencias, como la obstétrica, mediática, patrimonial. La propia ley obliga al Estado a sostener un Plan Nacional de Acción para que todo lo que se haga para proteger, prevenir y erradicar las violencias, sean acciones coordinadas de la Nación y las provincias y cada institución que tenga a su cargo distintas cosas: recibir denuncias, actuar para evitar una situación sin vuelta atrás, atender psicológica o jurídicamente a las víctimas, los niños, los refugios, la atención médica, etc. Esto involucra a la policía, la justicia y al propio Consejo Nacional de la Mujer. El 2015 nos deja con un Plan Nacional de Acción tardío y flamante, con bastantes faltantes pero al menos hay un plan. ¿Qué hará el próximo gobierno con este plan? Varias ONGs que monitorean este reclamo sin pausa desde el Ni una Menos del 3 de junio, han denunciado como pendiente que el Estado, a través del CNM haga un diagnóstico inicial o línea de base, lo cual es importante para programar qué cosas hacer. Tanto o más importante es que el Plan de Acción sugerido por el CNM debe establecer cuáles son los recursos financieros del Estado para estas cuestiones. Esto debe ser completado por el gobierno entrante. ¿Lo realizará el gobierno de Macri? ¿Qué hará el presidente en estas áreas para detener la violencia de género, prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres? Debería completar el Plan Nacional de Acción, permitir que la sociedad civil monitoree las acciones coordinadas del Estado, y sobre todo designar expert@s para llevar adelante semejante tarea, además de asignar los recursos necesarios para que funcione. Además, como consecuencia de la ley de identidad de género, deberá prestarse especial atención a que los mecanismos funcionen para cis mujeres y también aquellas que se autoperciban como tales. La violencia contra ellas también debe estar protegida bajo la misma ley, aplicándose los mecanismos y perspectivas de género que la situación demande. Las acciones del Estado en este punto deberán ser lo suficientemente transparentes y abiertas como para poder monitorearlas, de modo de determinar el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de la Argentina. ¿Habrá un nuevo plan?