Esta semana el PRO anunció que planea enviar al Congreso un proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Este propone modificaciones al Código Penal como agravar las penas para quienes ataquen templos. También promete para los fieles de todos los credos vía libre para la objeción de conciencia. ¿Cuántos pasos para atrás y cuánta violencia institucional supone darle estatuto legal a la opción de negarle el derecho al aborto no punible a las mujeres? ¿Significaría también que los empleados del registro civil pueden rehusarse, si sus creencias religiosas se lo impiden, a casar a dos personas del mismo sexo? Dice, además, que los religiosos estarán exentos de declarar ante un juez acerca de los delitos que conozcan, resguardándose en que lo supieron en función de su ministerio. ¿Aplicará este permiso a los casos de abuso de niños y niñas? Por otro lado, el proyecto ofrece beneficios impositivos para aquellos cultos que se inscriban en un Registro Nacional de Entidades Religiosas y los templos serán inembargables, pero la única iglesia que seguirá siendo subsidiada será la católica.

Es curioso que el proyecto apunte a la libertad religiosa cuando en la Argentina ésta existe desde el siglo XIX. No se puede decir lo mismo con respecto a la igualdad religiosa: uno de los más grandes privilegios que tiene la Iglesia Católica es ser una persona jurídica de carácter público por lo que recibe los mismos beneficios que, por ejemplo, una universidad pública. Quienes reclaman por la falta de igualdad religiosa en general provienen de la fracción más progresista de los sectores evangélicos y pentecostales, los mismos que apoyaron el matrimonio igualitario. En los últimos años el sector más conservador de las iglesias evangelistas, en vez de buscar este tipo de igualdad, ha formado una alianza con los sectores más conservadores del catolicismo porque tienen una agenda común: ir contra los derechos sexuales y reproductivos. Es posible, dice Daniel Jones (investigador del Conicet especialista en religión), que se quiera usar la idea de libertad religiosa para que detrás de ella se escuden las declaraciones homofóbicas públicas por parte de los sectores religiosos. Sigue Jones: “No es la primera vez que un proyecto de este tipo se presenta en el país. En los últimos años hubo como mínimo seis similares, ninguno se aprobó. Posiblemente presentar esto ahora le funcione al PRO para mostrarse pluralista desde el punto de vista religioso. Pero en general nunca se aprueban porque significa tocar resortes de internas religiosas. Esto a los legisladores, tan adeptos al status quo, no les gusta. Por eso lo que parece haber en este proyecto es más que nada una bomba de humo para desviar la atención de otros temas.”