Importa menos que el 14 de abril un hombre de 34 años fuera hallado muerto en su casa de la localidad almeriense de Adra, en España, con signos de haber sido apuñalado en el cuello, que el hecho de que quien lo mató fue su ex marido. Así, con el asesinato de Manuel L. a manos del marroquí de quien se había separado dos meses antes y que, luego de cometer el crimen, se ahorcó en un descampado, ocurrió algo que sucede por primera vez desde que en 2005 se legalizaran los matrimonios entre parejas del mismo sexo: un homicidio entre cónyuges. Y junto con la noticia, se instaló la controversia: ¿es o no es éste un caso de violencia de género aun cuando la víctima sea un hombre? Si el asesino no se hubiera suicidado, ¿habría cargado con el agravante que supone, en materia penal, violar la Ley contra la Violencia de Género en un país en que el machismo victimiza cada año a alrededor de 400.000 mujeres? La ley no contempla que un hombre pueda ser víctima de la humillación, el abuso y el maltrato de parte de otro hombre en calidad de cónyuge. De ahí que con este caso haya quedado en evidencia un vacío legal que Miguel Lorente, delegado del gobierno español contra la Violencia de Género, procuró relativizar diciendo que la violencia en las parejas del mismo sexo no tiene la misma incidencia ni es equiparable a la que se produce en las parejas heterosexuales. Para Lorente, la violencia que padece la mujer “está basada en una construcción cultural histórica” con características propias, entre las que cuenta “la relación de dominio y desigualdad que establece el hombre en la pareja, el cierto amparo social que recibe esta conducta, y las dificultades de la víctima para reconocerse como tal y denunciarlo”. Opinión con la que Carmen Crespo, la alcaldesa del lugar, disintió luego de criticar la “insuficiencia de la ley”, entendiendo “el brutal asesinato” como un caso de violencia de género “desde el punto de vista moral, aunque no técnicamente”. Algo con lo que acordó la vocera de la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Felgtb) al denunciar que la Ley de Violencia de Género “no protege a todos por igual”. Y todo porque el esquema de subordinación machista, la creencia de que una persona —un cuerpo— le pertenece a otra, puede replicarse —sobre todo dentro de una institución conservadora como el matrimonio—, independientemente del género de los o las cónyuges.