16:05 › EXPERTOS SEÑALAN UN "DOBLE ESTANDAR" EN POLITICAS SOBRE CONSUMO Y ADICCIONES
La fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora de la comisión de notables que estudia modificar las leyes que criminalizan al consumidor de drogas blandas, admitió hoy que quienes tienen dinero "ingresan al sistema civil para tratarse", mientras que los adictos "de estratos bajos van al sistema penal, que los estigmatiza".
Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, disertó en la 51º Sesión Extraordinaria sobre Consumo de Drogas y Narcotráfico organizada por la ONU en Viena, Austria, donde fijó la nueva posición del gobierno argentino, que buscará dejar de "criminalizar al consumidor", con la consiguiente adecuación de la legislación penal, que, en la actualidad, castiga la tenencia para consumo.
"Hoy, si se tiene dinero, (el adicto) puede pagar una prepaga o un abogado, que lo ingresan al sistema civil. También puede pagar un tratamiento privado de hasta 25 mil pesos", pero "si (el consumidor) es de los estratos más bajos, no tiene cobertura médica e ingresa al sistema penal, que deja un estigma de por vida y el mercado laboral no lo va a tomar", comparó Cuñarro, en diálogo con una emisora radial porteña.
La especialista insistió en que "no hay que confundir la comisión de un delito con un problema de adicción".
El gobierno creó por decreto el denominado "Comité Científico" que, con la coordinación de la fiscal Mónica Cuñarro, buscará actualizar la normativa por la que se despenalizará el consumo de drogas blandas.
Según se publicó hoy en el Boletín Oficial bajo la resolución 433/08 del Ministerio de Justicia, el Comité Científico elaborará e intervendrá "en los anteproyectos de reforma y actualización legislativa" en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja.
Además, la comisión asesorará "en el diseño de un plan que comprenda y coordine todos los segmentos de intervención del Estado en el marco de su competencia", y elevará al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, "los informes, recomendando estudios y modelos de capacitación para el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación", entre otras instituciones.
Los asesores serán "ad honorem", y, entre ellos, estarán, además de Cuñarro, Alberto Calabrese, especialista en el abordaje interdisciplinario del uso indebido de drogas, el camarista Horacio Catanni, presidente de la Sala II de la Cámara Federal y consultor de la ONU en temas de drogas.
Asimismo, la integrarán el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Roberto Falcone; Eva Giberti, quien coordina el Programa "Las víctimas contra las violencias"; la jueza Patricia Llerena, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26, y Marcelo Madina, juez de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
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