Así lo confirmaron fuentes tribunalicias, quienes señalaron que el magistrado, con la intervención del secretario Diego Slupski, libró este mediodía los respectivos oficios a la Policía Federal, a la Prefectura Naval y a la Armada para que dispongan las detenciones de los involucrados.

La nómina de detenciones incluye los nombres de los marinos Luis Wis Navarro, Rodolfo Remoti, José Néstor Estévez, Leopoldo Suárez del Cerro, Mario Palet, Rubén Franco, Eduardo Girling, Edgardo Aroldo Otero, Ricardo Lynch Jones, Alberto Vigo, Carlos Daviou y Miguel García Velazco, entre otros.

Los oficiales de la Armada Miguel Angel Alberto Rodríguez, Julio Binotti y Carlos Octavio Capdevilla, junto al miembro de la Prefectura Naval Jorge Manuel Díaz Smith y a los policías Juan Carlos Fotea (extraditado desde España en 2007) y Claudio Pittana, también están incluidos en las órdenes de detención.

Los informantes explicaron que algunos de los oficiales de la Marina "deben responder por su propia actuación", tal los casos de García Velazco, Rodríguez, Wis Navarro, Lynch Jones, Daviou, Binotti y Capdevila.

Por su parte, Remoti, Estévez, Suárez del Cerro, Palet, Franco, Girling, Otero y Vigo aparecen involucrados "por la responsabilidad que les correspondería en razón de su posición en la cadena de mandos".

A Remoti se le imputan 64 hechos ocurridos entre 1980 y 1982; a Estévez 89, entre 1978 y 1979,; a Suárez del Cerro 169, entre 1978 y 1982; a Palet 8, en 1983; a Franco 225, entre 1977 y 1981; a Girling 64, entre 1979 y 1982; y Otero 319, entre 1977 y 1982 al igual que Vigo.

Las mismas fuentes recordaron que "la inmensa mayoría de ellos estaban en libertad y es la primera vez que se libran órdenes de detención en su contra", por delitos de "lesa humanidad".

Tras las detenciones, Torres les tomará declaración indagatoria -a lo que cualquier imputado en causa penal se puede negar sin que ello sea tomado como presunción en su contra- para lo cual dispondrá sus traslados a los tribunales de Comodoro Py 2002.

De acuerdo a las normas procesales, tras las detenciones el magistrado tiene diez días hábiles para resolver sus situaciones procesales estimándose que, por la gravedad de los delitos que se les imputa, dispondrá que permanezcan detenidos en el penal de Marcos Paz, el mismo donde ya se encuentran presos otros represores.