"Las empresas de transporte público de pasajeros que no cumplan con el mejoramiento de los niveles de calidad en la prestación, deberían sufrir una rebaja en la asignación de los subsidios que reciben del Estado", indicó Mondino.

Señaló que "esta penalización podría alcanzar a aquellos que obliguen a sus empleados a transgredir la normativa laboral relativa a las horas de descanso y las horas efectivas de trabajo, motivo desencadenante de no pocas tragedias recientes en las rutas".

"El incumplimiento abarca además el mal estado de los coches, otro motivo que genera consecuencias indeseadas para los pasajeros de esas unidades y para el resto de los automovilistas en circulación", remarcó el ombudsman.

El defensor nacional le recomendó al Poder Ejecutivo que durante el fin de semana largo que se extenderá entre el 19 y el 25 de marzo "declare la emergencia vial en todo el territorio nacional".

Propuso que la emergencia para esos días comprenda "la disposición de todas las fuerzas y organismos competentes en el ejercicio del poder de policía de tránsito para la realización de estrictos y rigurosos controles del cumplimiento de toda la normativa de tránsito vigente".

También, "el establecimiento, como medida preventiva, extraordinaria y estrictamente temporal, de límites de velocidad de 80 kilómetros por hora en rutas de doble vía y de 100 kilómetros por hora en autopistas".

Además, postuló "la realización de controles masivos de alcoholemia y de elementos de seguridad de los vehículos en las rutas bajo jurisdicción nacional y en todas las estaciones de peaje".

Asimismo, "ordenar la utilización de franjas horarias para el desplazamiento de vehículos de gran porte de carga interjurisdiccional, especialmente durante las jornadas de inicio y conclusión del fin de semana feriado", y "exhortar a las jurisdicciones provinciales la adopción de medidas similares".

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