Los ex agentes de inteligencia José Alarcón, Fernando Lecca y Orlando Vera fueron condenados a 15 años de cárcel cada uno, mientras que los oficiales Carlos Miranda, Aquilino Portela y Julio Rodríguez y el ex agente µngel Pino fueron absueltos.

El ex presidente Alberto Fujimori es procesado actualmente como presunto autor mediato de la masacre.

El proceso desarrollado por la Primera Sala Penal Anticorrupción terminó con una maratónica lectura de sentencia, en la que se anunció a Salazar Monroe como culpable de homicidio calificado y desaparición, aunque no de secuestro, el otro delito que se les atribuía a los acusados.

Contra Salazar Monroe, uno de los militares clave en Perú en la década pasada, aparecieron elementos contundentes que lo vinculan con la masacre, perpetrada por el grupo Colina, organización formada por oficiales y suboficiales de inteligencia que cometió numerosos asesinatos en una "guerra sucia contra la subversión".

La masacre ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando miembros del Colina, encapuchados y fuertemente armados, ingresaron en la universidad estatal limeña, La Cantuta, y se llevaron a un profesor y nueve estudiantes a los que consideraban vinculados con grupos armados ultraizquierdistas.

Salazar Monroe y los otros siete procesados formaban el primer grupo de enjuiciados por esa masacre, que alcanza a otras personas, incluídos Fujimori,su asesor, Vladimiro Montesinos, y el entonces máximo jefe militar, general Nicolás Hermoza, como supuestos responsables intelectuales, y al jefe operativo del Colina, mayor Santiago Martin Rivas.

A Fujimori también se le procesa como supuesto autor mediato de la masacre conocida como "Barrios Altos", perpetrada también por el Colina en 1991, y en la que murieron 15 personas que participaban en una fiesta en el centro de Lima, incluido un niño de ocho años.

La sanción contra Salazar Monroe, de quien diversos indicios y testimonios señalaban que se dedicaba a ejecutar en el SIN las órdenes que le daba Montesinos, es una de las más duras que se han impuesto hasta ahora en Perú por violación de los derechos humanos.