Con esta decisión del juez federal Daniel Rafecas, Videla sumó su tercera detención, que por razones de edad cumple en su domicilio, ya que está procesado con prisión preventiva por el robo de bebés y por el "Plan Cóndor", un pacto entre dictaduras de Sudamérica en la década del 70 para perseguir a opositores políticos fuera del país.

Asistido por el abogado Luis Boffi Carri Pérez, Videla, como en ocasiones anteriores, rehusó contestar preguntas y argumentó que su "juez natural" es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia se realizó en el despacho del magistrado, en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py de esta capital, donde Videla fue trasladado bajo custodia policial.

El trámite duró algo más de dos horas, pero la mayor parte del tiempo lo insumió la lectura de centenares de "nuevos hechos" que se le imputan a Videla y que no formaron parte los delitos por los que fue condenado en el juicio a las juntas militares.

La indagatoria a Videla se vinculó con unos 570 casos de secuestros, 270 tormentos y 29 homicidios, cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, pero por los que nunca había sido indagado con anterioridad.

Según las fuentes, la indagatoria "era un paso indispensable" para elevar a juicio tres "tramos" de la "megacausa" sobre el Primer Cuerpo: el que investiga los ilícitos perpetrados en "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo", otro sobre "El Vesubio" y la pesquisa por delitos en "Automotores Orletti", todos centros de detención clandestinos que funcionaron entre 1976 y 1983.

En todos esos casos ya fueron procesados los autores directos y los jefes de los centros clandestinos, y los mandos militares que tenían responsabilidad sobre los mismos, pero restaba cumplir con los pasos procesales relaciones con quien entonces era el titular del ejército.

En la lectura de las imputaciones se le hizo saber a Videla que también se le atribuye responsabilidad en casos de secuestros de los cuales se desconoce donde estuvieron detenidas y la suerte final de las víctimas, que permanecen en condición de "desaparecidas".

Con la indagatoria Rafecas atendió también la postura del Estado Nacional cuando, ante pedidos de extradición, manifestó la intención de impulsar la investigación en el país, por hechos de terrorismo de Estado en la Argentina.

Uno de esos expedientes es el la ciudadana alemana Elizabeth Kasemann, secuestrada y cautiva en "El Vesubio", sobre el cual el Estado alemán es querellante en la causa.

El interrogatorio de Videla fue reclamado, además, por autoridades de la comunidad gallega, por la desaparición en la Argentina de varios integrantes de esa colectividad.

Las fuentes aclararon que "el sometimiento a proceso de Videla en el país permite limitar cualquier posible pedido de extradición del nombrado formulado por un país extranjero".

Entre los nuevos hechos imputados a Videla figuró la privación ilegal de la libertad (en "Automotores Orletti") de Gerardo Gatti Antuña, que, en el marco del "Plan Cóndor", también investiga el fiscal italiano Giancarlo Capaldo y por el cual la justicia de ese país libró orden de captura internacional contra Videla y otros ex jefes militares.

Videla fue imputado por la privación ilegal de la libertad del escritor Haroldo Conti; el homicidio de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman; los cineastas Roberto Carri y Pablo Szir, militantes de partidos políticos de izquierda, como Delia Bisutti y Raymundo Gleizer, estudiantes secundarios y universitarios y perseguidos políticos uruguayos.