De acuerdo a la resolución adoptada por la Sala II del tribunal, Harguindeguy deberá continuar detenido debido a la presunción de que podría darse a la fuga en caso de recuperar la libertad.

A mediados de abril pasado la misma sala ratificó la nulidad del indulto que había beneficiado en esta causa a Harguindeguy, al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y al dictador Jorge Rafael Videla.

En esa oportunidad los jueces calificaron como "delitos de lesa humanidad" los hechos investigados en esta causa y recodaron que no se puede "perdonar actos que impliquen la concesión de facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgar sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna".

En esta causa se investiga el secuestro de los empresarios Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, ocurridos el 5 de noviembre de 1976 por su resistencia a realizar una operación comercial con su firma productora de algodón con empresarios ingleses y chinos residentes en Hong Kong.

En la causa consta la existencia de un decreto firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz justificando la detención de los empresarios, que recuperaron la libertad meses después.

Harguindeguy estuvo detenido en el marco de esta investigación hasta que en 1999 el ex presidente Carlos Menem firmo el indulto que lo beneficiaba y luego la Justicia dictó su sobreseimiento. Pero al reabrirse la investigación Harguindeguy volvió a quedar detenido con arresto domiciliario y ahora la Cámara ratificó esa medida.

En su fallo los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Freiler consideraron que "la objetiva valoración de las características de los hechos y las condiciones personales del imputado, permiten sostener fundadamente que intentará eludir la acción de la justicia".

A esto añadieron la "posibilidad actual y cierta de obstaculizar la investigación a partir del entramado de relaciones que el imputado tenía y puede seguir teniendo con determinados círculos de poder".

"Finalmente debe señalarse que la presunción basada en la expectativa de pena prevista para los delitos que se le atribuyen a Albano Eduardo Harguindeguy encuentra refuerzo en el reconocimiento que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación del interés estatal en la persecución de este tipo de delitos y fundamentalmente de su compromiso de investigarlos, perseguirlos y sancionarlos", concluyeron.