Con la publicación en el Boletín Oficial de la derogación del esquema de retenciones móviles para la exportación de granos, mañana comenzará a regir nuevamente el sistema vigente desde el 7 de noviembre, que contempla una alícuota estable de 35% para el caso de la soja.

Las resoluciones, que llevan los números 180,181 y 182, tienen como eje el decreto 1176 firmado el viernes por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Allí se instruyó al ministro de Economía a limitar la vigencia de la norma que puso en marcha el esquema de retenciones móviles -dispuesta el 11 de marzo durante la gestión del ex ministro Martín Lousteau- y la reposición de las posiciones arancelarias dispuesta el 7 de noviembre pasado.

Con la derogación de la resolución 125, las retenciones para la soja vuelven a una alícuota fija del 35 por ciento; para el girasol al 32 por ciento; para el maíz al 25 por ciento y para el trigo al 28 por ciento.

La resolución 180 "limita" el régimen de "compensaciones para pequeños productores de soja o girasol" y para el "transporte de granos producido en provincias extrapampeanas", entre otros puntos.

La 181 repone artículos de la resolución 184 de septiembre de 2007 relacionados a alícuotas de derivados de la soja; mientras que la 182 pone nuevamente en vigencia el esquema de retenciones fijas vigente a partir del 7 de noviembre del año pasado.

De este modo, la empresa que exportó entre el 11 de marzo y el lunes próximo lo hará pagando el régimen de retenciones móviles que rigió entre esas fechas.

En los considerandos del decreto que instruyó la derogación de las retenciones móviles, las autoridades nacionales rescatan la "necesidad" de que el país adopte un sistema de derechos de exportación "variables o móviles" a fin de asegurar "la protección del interés de los que menos tienen".

Asimismo, expresa que la decisión de dejar "sin efecto" la resolución 125 y sus modificatorias tiene por objeto la posibilidad de discutir la instrumentación en el futuro de un esquema de retenciones móviles "en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones".

De igual modo, remarcó la necesidad de lograr una "equidad distributiva y también territorial", además de una "mayor equidad en las relaciones económicas" que permitan una "mejora en la distribución de los ingresos a favor de los que menos tienen".

Además, volvió a hacer hincapié en la fuerte suba registrada por los precios de los alimentos a nivel internacional y la necesidad de preservar el poder de compra de los sectores de menores recursos dentro del mercado interno.

La implementación de las retenciones móviles "fue pretexto para un violento lock out (de parte de las entidades del campo), que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas", subrayó.

La decisión del gobierno, dispuesta un día después que el Senado -con el voto decisivo del vicepresidente Julio Cobos- rechazara el proyecto de ratificación del esquema de retenciones móviles- fue saludada por las entidades agropecuarias.

"Este es el fin del conflicto", dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, mientras que su par de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, calificó a la decisión de "una buena noticia".

"Esta es una medida que nos atrasó y nos metió en un conflicto con el que tanto perdimos. Es momento de recuperar el tiempo perdido y volver a producir", agregó Miguens.

Buzzi, por su parte, sostuvo que además de derogar las retenciones móviles el Gobierno debe comenzar a analizar medidas tendientes a "un tratamiento distinto" para los pequeños productores, además de implementar "mecanismos de reintegros y compensaciones" para los chacareros con producción inferior a las 1.500 toneladas de soja.

Esta última iniciativa fue contemplada en el proyecto votado por Diputados, pero su aplicación quedó inconclusa debido al rechazo del Senado.

Sobre la base de los valores oficiales de exportación fijados el viernes pasado por la Secretaría de Agricultura, y tomando en cuenta el esquema determinado por la resolución 125, la soja -en 536 dólares la tonelada FOB- tributa una alícuota de 45,6%; el girasol -en 600 dólares la tonelada- una retención de 41,2%; el maíz -en 228 dólares la tonelada- 26,2%; y para el trigo -en 330 dólares la tonelada- también 26,2%.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la Mesa de Enlace, Mario Llambías, destacó como "un gesto" la decisión de limitar los alcances de la resolución 125 y observó que "la resolución va en buen camino, pero no termina con la causas que dieron lugar al conflicto; no pone fecha para la reducción de los aranceles".