Impulsado por el oficialismo, la Cámara aprobó una preferencia para que el cuerpo pueda tratar mañana desde las 10.30 el proyecto con dictamen de comisión, lo que se consiguió este mediodía en el plenario de Presupuesto y Transporte.

El dictamen de la mayoría fue firmado por el Frente para la Victoria, radicales K, el bloque Solidaridad e Igualadad (ex Ari), y por el diputado Claudio Lozano, aunque éstos últimos lo hicieron en disidencia parcial.

Este despacho se basó en un proyecto del Poder Ejecutivo que fue modificado sustancialmente para lograr consensos y por ello fue firmado en disidencia parcial por diputados del bloque SI y Buenos Aires Para Todos.

El oficialismo decidió eliminar el artículo 2 que proponía respaldar el acta acuerdo firmada con el grupo Marsans, otro punto que habilitaba su reprivatización y se reformó un artículo referido al financiamiento de la compañía.

Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Rossi, defendió el proyecto y le dijo a la oposición que "es inapropiado hablar del acta porque desde el Congreso establecemos una instancia superior a cualquier resolución".

"La ley es simple: se compran las acciones, un tribunal tasa y en una segunda vuelta nosotros aprobamos o no ese monto", enfatizó Rossi.

Durante la discusión de la iniciativa, la oposición, integrada por PRO, Coalición Cívica y UCR, aseguró que nunca hablaron de una quiebra de las empresas y cuestionaron que en ninguna parte del articulado se menciona el rechazo al acta firmada entre el gobierno y Marsans.

El diputado del PRO, Esteban Bullrich, pidió que se señale en el proyecto que esa acta "no es válida".

Para el diputado del SI, Carlos Raimundi, que firmó el dictamen de mayoría en disidencia, dijo que "pedir una quiebra es algo que queda bonito para salir en televisión, pero es impracticable para la continuidad del servicio" y afirmó la necesidad de "rescatar el papel del Estado y que no asuma la deuda de la empresa".

Por su parte, el diputado Jorge Sarghini, manifestó sus dudas sobre el proyecto al señalar que por su redacción tiene "la certeza que el pueblo argentino se hace cargo de la deuda que contrajo una empresa privada".

El diputado radical Alejandro Nieva sostuvo que "no es suficiente con omitir el acta sino que hay que rechazarla y pedirle al Poder Ejecutivo que vuelva a negociar con Marsans".

A su turno, el diputado de Buenos Aires para Todos, Claudio Lozano, que también firmó el dictamen de la mayoría, marco su disidencia al pedir que en vez de "rescate" se hable de "reestatización" y que se incorpore que la "tasación sea al momento de la asistencia del Poder Ejecutivo".

En tanto, el diputado de Encuentro Popular y Social, aliado al oficialismo, Ariel Basteiro, defendió el proyecto y cuestionó a la oposición por pedir la quiebra.

Por su parte, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, insistió que en ningún momento habló de la quiebra y se manifestó seguro que "las modificaciones que se le realizaron al proyecto del Ejecutivo tienen que ver con el rol de esta oposición".

Por otra parte, el Socialismo emitió un dictamen de minoría en el que "se declaran la utilidad pública y en consecuencia se expropian" las empresas y que esto "no implica solidaridad por parte del Estado Nacional respecto de la deudas contraídas por las firmas, excepto aquellas que involucren derechos de usuarios y consumidores.