El bloqueo se lleva adelante en el rico departamento oriental de Santa Cruz y en los amazónicos de Beni y Pando, en demanda de la devolución de unos 166 millones de dólares de un ingreso petrolero, con el que el gobierno financia una renta anual de 337 dólares a todos los ancianos, conocida como la "Renta Dignidad".

Según reportes parciales a mitad de jornada, no hay incidentes en el bloqueo de rutas que comunican a estos tres departamentos con el resto de Bolivia.

La televisión mostró cómo tractores eran movilizados, al igual que troncos y piedras, para cerrar las vías e impedir el tráfico de pasajeros y carga.

Mientras la medida se cumplía sin sobresaltos, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que hay "la intención" de los grupos de opositores "de provocar" a la Policía y Fuerzas Armadas para que se responda con violencia.

El presidente Morales ofreció, por su lado, a los líderes de las regiones rebeldes concertar un nuevo pacto fiscal para una distribución "con equilibrio" del impuesto petrolero por el que están movilizados.

No obstante, Morales advirtió que "si algunos grupos no quieren entender el gran sentimiento y sufrimiento de las grandes mayorías" y que cada vez se vuelven "más violentos", su gobierno tiene la "obligación de poner orden".

El mandatario dijo que nunca se ha cerrado el diálogo y pidió a los prefectos de la oposición buscar "de verdad" un nuevo pacto fiscal para que se beneficien todas las regiones del país en el "marco de un equilibrio y de una distribución de la economía".

El bloqueo de carreteras se realiza un día después del paro cívico en cinco regiones: Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca, que se saldó con enfrentamientos callejeros en una barriada pobre de la ciudad de Santa Cruz entre jóvenes opositores y oficialistas.

Mientras tanto los líderes civiles opositores anunciaron nuevas medidas de presión hasta lograr la restitución del impuesto petrolero y acusaron al gobierno de manejar "un doble discurso", según Rolando Aguilera, secretario General de la prefectura de Santa Cruz, entidad que encabeza la oposición política a Morales.

"Esperamos que el gobierno no busque la confrontación. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para evitar todo acto de violencia" declaró Aguilera al influyente diario El Deber.

En Beni, una prominente región ganadera, se estudia la posibilidad de no enviar carne de res a las ciudades andinas de La Paz, Oruro y Potosí, que son su mayor mercado, según declaraciones del presidente de la patronal Federación de Ganaderos de esta región, Cristian Sattori.

En el caso de Santa Cruz, sindicatos campesinos oficialistas dieron un plazo de cinco días al poderoso prefecto de la región, Rubén Costas, para que dialogue con el gobierno, bajo la amenaza de cercar la ciudad de Santa Cruz.

Los nuevos incidentes se registran a días de un referendo revocatorio, en el que salieron airosos el presidente Morales y cuatro prefectos rebeldes, lo que, en lugar de abrir el camino al diálogo para zanjar la crisis, alejó más aún las visiones entre el oficialismo y la oposición.