Fuentes de Gendarmería Nacional informaron que en los allanamientos, ordenados por el juez federal Norberto Oyarbide, se incautó documentación relacionada con la situación de 81 jugadores de los principales equipos de primera división.

Otro de los procedimientos se realizó en las oficinas que Carlos Avila, ex dueño del canal de deportes TyC Sport, tiene en la localidad bonaerense de Avellaneda, de donde se secuestró material relacionado a la causa.

También se registraron, por orden del juez federal, algunos domicilios de jugadores y las oficinas de varios apoderados de futbolistas.

Entre los clubes allanados hoy figuran entre otros Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Lanús y Huracán.

Entre el 10 y 12 de julio, por orden de Oyarbide, personal de Gendarmería Nacional, en colaboración con la SIDE, realizó más de 100 allanamientos en los que fueron detenidos 40 sospechosos y se secuestró una importante cantidad de documentos.

El 6 de agosto Oyarbide procesó a 30 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a falsificar documentos, firmas y sellos para fraguar documentación con la que se obtenían ciudadanías italianas.

De los 30 procesados, nueve mujeres y cinco hombres quedaron con prisión preventiva, 16 sin prisión y 10 con falta de mérito a procesar o sobreseer.

De acuerdo al informe judicial una de las principales procesadas fue la gestora y traductora pública de inglés e italiano María Elena Tedaldi, a quien el juez consideró como jefa de la asociación ilícita y le trabó un embargo por 10 millones de pesos.

Desde el comienzo de la investigación el magistrado tuvo bajo sospecha a alrededor de 35 representantes de futbolistas, a varios de los cuales hoy les allanó las oficinas en la búsqueda de documentación que pudiera ser útil en la causa.

También hay investigadas autoridades consulares y funcionarios del registro nacional de las personas y no se descarta que el juez cite a declarar a varios jugadores que actualmente integran equipos en Europa, y a sus representantes.

Para Oyarbide, una de las pruebas fundamentales que derivaron en los procedimientos fueron las escuchas telefónicas en las que los autores de la maniobra quedaron grabados con detalle.

El magistrado considera que los autores de estos hechos conformaban una organización delictiva transnacional que abarcó unos 700 trámites de pasaportes y ciudadanías.

En ese sentido, días después de los allanamientos y las indagatorias a los sospechosos, Oyarbide viajó a Italia donde mantuvo encuentros con funcionarios comunales y judiciales en procura de elementos para resolver la situación procesal de los imputados.

La investigación se centra en los trámites realizados por diversas gestorías con futbolistas que requirieron la ciudadanía italiana por tener antepasados de ese origen y evitar, así, los cupos de jugadores no comunitarios que dispone la unión europea de fútbol (UEFA).